BERNARDO SAGASTUME

SANTA CRUZ. En unos terrenos del municipio de Arona, en el sur de Tenerife, duermen los 26 cayucos llegados entre marzo y el último fin de semana. Son el producto de la última gran oleada inmigratoria que recibieron las Islas y que estuvo caracterizada por el empleo de estas embarcaciones, en origen pensadas para pescar en Mauritania, pero que han encontrado un nuevo uso, como vehículo para que varios miles de africanos se lancen al mar con la esperanza de llegar a las costas de Canarias, aun a riesgo de arriesgar sus vidas.

La acumulación de los cayucos en el puerto de Los Cristianos – lugar donde suele concluir el rescate de estas barquillas una vez que son remolcadas por la Guardia Civil – había motivado quejas, primero en voz baja y después ya no tanto, de vecinos y comerciantes de la zona. Se entendía que su sola imagen dañaba el perfil eminentemente turístico del lugar y que hasta podían entrañar algún riesgo sanitario, dado que en ellos había restos de la travesía, como ropa, alimentos y restos de combustible.

«Es cierto que había cierta presión social», admite el concejal de Playas del municipio, Daniel Martín. «Nosotros no tenemos competencias al respecto», explica, pero ante la ausencia de respuestas de las administraciones competentes, decidieron tomar cartas en el asunto. «Si se requisan los motores, ¿por qué se deja la ropa y el cayuco en el muelle?», se pregunta. Al mismo tiempo, pide que se tenga en cuenta el «esfuerzo» del Ayuntamiento, porque todo el traslado significa una erogación significativa, de la que no deberían haberse hecho cargo.

Una escena sobrecogedora

El espectáculo de ver sobre la tierra a casi una treintena de cayucos es sobrecogedor. Llama la atención tanto el tamaño – algunos miden alrededor de veinte metros – como la precariedad de estas embarcaciones. En pésimo estado la gran mayoría de ellos, con roturas, rajaduras en el casco, desprendimientos de algunas piezas y las huellas de haber sufrido ya varias batallas en el agua. La pregunta que surge enseguida es la de cómo han podido transportar hasta más de cien personas, como ocurrió en uno de los que llegaron el sábado.

«Si no hubiésemos intercedido, seguirían ahí, en la bahía», cree Martín, quien propone que no sea sólo el municipio aronero el que soporte el peso de la inmigración ilegal – ya que el lugar adonde se remolcan los cayucos es un punto neurálgico del tráfico turístico – , sino que se los lleve, en la medida de lo posible, a otros muelles de la isla.

El lugar donde están ahora estas barquillas es propiedad de una empresa constructora que presta servicios al Ayuntamiento. Es difícil prever hasta cuándo permanecerán allí, ya que sobre ellos pesa la decisión de diferentes juzgados. Según el momento en que llegaron, es un juez distinto el que estaba de turno y decidirá sobre ellos. Una vez se obtenga la autorización para su hacerlo, se los cortará en pedazos, que después serán enviados a la planta de de residuos sólidos de Arico, donde recibirán el mismo trato que la basura que se recoge en la isla.