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SANTA CRUZ. El recrudecimiento que el pasado fin de semana tuvo la inmigración clandestina sobre el Archipiélago, por la llegada de seis embarcaciones desde África con medio millar de personas, motivó ayer una fuerte reacción del Gobierno regional, que pidió ser parte de las conversaciones en la esfera diplomática con países del vecino continente y acusó al Ejecutivo central de no cumplir con los compromisos asumidos en marzo, que buscaban frenar en el punto de origen la oleada de barquillas.

El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, señaló que Madrid mostró un impulso inicial cuando la crisis de hace dos meses, pero que ahora «se ha relajado» y que no se ha logrado la meta de anticiparse al fenómeno inmigratorio en los países emisores, como Senegal. Estimó necesario «presionar una día y otro también» a la Unión Europea para que haga suyo el problema, pues «una vez que los inmigrantes llegan a las costas canarias, esto también afecta a Bruselas».

Para apoyar esto, Becerra pidió que el Ejecutivo canario integre la delegación española que asistirá a la Conferencia Regional Euro – Africana de Migración y Desarrollo que se celebrará en Rabat (Marruecos) en julio. La intención del Gobierno autonómico es que allí se trate específicamente la cuestión de la inmigración irregular que llega a las Islas.

Del mismo modo, aguardan una reunión con el nuevo ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para tratar las políticas estatales en esta materia y poder dar cauce a un plan integral de seguridad para Canarias, que permita afrontar la problemática del Archipiélago. Este plan, a juicio del Gobierno regional, daría pie a una actuación coordinada en el origen de la inmigración irregular y el control efectivo de costas, puertos y aeropuertos.

«Relajación» en Mauritania

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, atribuyó a una «relajación en los controles» el «rebrote» de la inmigración a través de cayucos, como se conoce a las embarcaciones de mayor porte que las pateras. «No podemos comprender cómo Mauritania no tiene medios ni para vigilar la costa y los cayucos que están saliendo», dijo, a la vez que se mostró convencida de que los campamentos de retención construidos en ese país africano para albergar a los inmigrantes llegados de otras zonas, están siendo utilizados por el ejército mauritano.

Por el contrario, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, sostuvo que el Gobierno mauritano está poniendo «mucho interés» para frenar el fenómeno. La policía de Mauritania, indicó, «ha comenzado a rechazar a miles de personas» que trataban de entrar en ese país sin estar documentados, tal y como se permitía hasta ahora en virtud de los convenios vigentes con los países limítrofes, que conllevaban una cierta «libre circulación de personas».

Segura anunció también que Mauritania exigirá para navegar en los cayucos unas licencias de pesca – tal la actividad original de estas embarcaciones – , de manera que sólo podrán emplearlas quienes acrediten ser parte de esta actividad económica. El delegado del Gobierno acusó al Partido Popular y al Ejecutivo canario de lanzar «mentiras» en cuanto al número de extranjeros residentes en Canarias y les pidió que dejen de hablar de «invasión y avalancha» y que sientan «compasión» por el fenómeno de la inmigración clandestina.

Por otra parte, también confrontó con las afirmaciones de Marisa Zamora, que había reiterado la opinión del Gobierno regional de que existen barcos «nodriza», desde los que se desprenderían embarcaciones menores al estar cerca de la costa. Segura volvió a negar que esto sea posible y lo calificó de «debate estéril», apenas una «teoría con la que muchos se entretienen».