Posturas enfrentadas. El estudio sobre la realidad de la prostitución arrancó ayer en el Congreso con dos intervenciones opuestas. Mientras la representante de Médicos del Mundo – ONG que atiende a prostitutas desde hace más de 15 años y que ha apostado por el abolicionismo – pidió que se castigue “a los clientes prostituidores”, la experta de Comisiones Obreras – sindicato que ha comenzado a afiliar a meretrices y apuesta por dignificar su actividad – reclamó que la prostitución se considere “como un trabajo” y que se legalice como tal en toda España.

Los miembros de la ponencia sobre prostitución creada en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer escucharon en primer término a la vocal de género de Médicos del Mundo, Juana María Santana. Explicó que a juicio de esta ONG “la prostitución vulnera los derechos humanos de las mujeres prostituidas y perjudica gravemente su salud y su calidad de vida, constituyendo una forma más de violencia de género”. Añadió que la mayoría de las prostitutas “proceden de países empobrecidos o en conflicto y llegan a España a través de redes de trata y tráfico o bien impulsadas por una necesidad vital”. Para esta ONG, la explotación de la “vulnerabilidad” de esas mujeres por terceros es “una indignidad”. Además, genera “ingente cantidad de beneficios económicos”, lo que “pesa en la campaña por la promoción y difusión de esta práctica e intenta generar una demanda de mercado que no se corresponde con una necesidad real (…) ni con la búsqueda de la igualdad”.

Santana señaló que reglamentar la prostitución – así lo proyecta la Generalitat de Cataluña – “atenta contra la posición de las mujeres en la sociedad”. Considerarla como una actividad laboral “se contradice con el espíritu del derecho laboral y mercantil”, aseguró.

La secretaria de la Mujer de CC OO en Cataluña, Mercè Ci – vill, defendió lo contrario. “Consideramos la prostitución voluntaria como un trabajo como cualquier otro y así debe reconocerse, legalizarse, en todo el Estado”, explicó a EL PAÍS. Ante los parlamentarios defendió igualmente la necesidad de “luchar contra las mafias y la trata de inmigrantes ilegales, así como de proteger a las víctimas que las denuncien”.

Este sindicato cree que se debe ofrecer apoyo a las prostitutas que quieran abandonar su actividad. “También hay que modificar la Ley de Extranjería para que las mujeres que llevan tiempo ejerciendo la prostitución en España y que no han podido regularizar su situación puedan hacerlo”, planteó Civill.