El 10 de diciembre de 1948, este lunes hace 70 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Treinta derechos que van de la igualdad, la libertad o la prohibición de la esclavitud y la tortura a la seguridad jurídica o la propiedad, que se han convertido en la Constitución de la Humanidad.

España se acercó decisivamente a la declaración con la firma en diciembre de 1976 de los Pactos de Nueva York, que desde 1966 le daban apoyo jurídico y la ampliaban con aspectos como la libre determinación de los pueblos y los derechos de las minorías. Finalmente, hace ahora también 40 años, la Constitución de 1978 la asumió como propia al recoger que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Tras cuatro décadas de vigencia, el director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), una oenegé cuya actividad gira en torno a la defensa de estos derechos, analiza para EL PERIÓDICO la salud de la misma. “La declaración sigue plenamente vigente y plenamente incumplida”, sentencia Esteban Beltrán.

Subraya la importancia que tuvo asumir “que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” pero también el hecho de que “los derechos están juntos son interdependientes e indivisibles y que no hay mas importantes que otros”.

Para el responsable de AI la declaración “es la base de la humanidad que trasciende fronteras” pero recalca que “no se trata sólo de un cuerpo moral sino también de un cuerpo legal de obligado cumplimiento”.

Amnistía Internacional España y la Universitat de València han organizado una exposición en la que 30 ilustradores reflejan cada uno de esos derechos y que ha dado pie a que esta oenegé ponga el foco en cuatro derechos, o parejas de ellos, que necesitan una especial atención en España.

La no discriminación de las mujeres y la violencia que padecen por el hecho de serlo , la situación de los inmigrantes y los refugiados, la tendencia limitadora de la libertad de expresión y la falta de protección de derechos como el acceso a la vivienda o la salud centran sus preocupaciones.

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Artículo 2

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión…”

La discriminación de la mujer y la violencia visible e invisible

Beltrán remarca que este derecho “impregna” toda la declaración y apunta que en el caso de España hay una situación muy grave con las mujeres, justo antes de recordar que ya ha habido más de novecientos asesinatos a manos de sus parejas o exparejas. “Hay una buena noticia que es el pacto de estado que se ha firmado y una mala que es que tarda mucho en verse sus efectos”, explica.

Pero desde Amnistía abren el foco para incluir “un problema aún más grave, que es el de la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, hablamos del trabajo, la calle o la universidad”. Para la oenegé “se trata de un problema masivo” y aseguran que en una reciente macroencuesta “3’2 millones de mujeres dijeron haber sido víctimas en algún momento de violencia o acoso sexual” fuera del ámbito de la pareja.

Pero hay más problemas alrededor de este, recalca Beltrán. “Según un informe España ocupa el puesto 22 de 35 en Europa en número de denuncias y la razón es porque se cree que el sistema no responde”, apunta. Falta, dice, un protocolo estatal y centros de atención 24 horas, 365 días al año.

Artículos 13 y 14

“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio…”

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.

Inmigración y refugiados, del discurso positivo a la acción discutible

Desde AI recuerdan que “vivimos la mayor crisis de personas que huyen de conflictos desde la II Guerra Mundial” y cifran en 61 millones a las personas que han tenido que huir pero recalcan que “la mayoría están en países limítrofes a los suyos, no vienen a Europa”.

Ante esta realidad califican de “vergonzosa” la respuesta del primer mundo, incluida la de Europa que “está protagonizando una recepción cicatera, limitada y utilizando como guardianes de Europa a Libia y a Turquía”. Sólo Alemania se libra. “El resto se mueve entre la negación con discursos xenófobos y racistas y la inacción”, señala

Apunta que “en España vivimos un momento de política de discursos positivos pero de acción muy discutible” y destaca el viraje del nuevo Gobierno para pasar de acoger en junio a los más de seiscientos inmigrantes del Aquarius a la resistencia a acoger a los doce del pesquero ‘Nuestra Madre Loreto’ hace unos días.

Desde la oenegé apuntan que “además, ha habido y sigue habiendo, devoluciones en caliente que violan los derechos humanos porque no hay garantías de que no vayan a ser torturados y se ha aumentado la responsabilidad con las ‘devoluciones exprés’, que llegan tras un simulacro de garantías procesales que apenas dura un día”.

Artículo 19

“Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”.

Cuando las leyes son el peligro

Para empezar, Beltrán recuerda algo obvio. “La libertad de expresión si no molesta no es libertad de expresión”, señala. Y recuerda que “no tiene nada que ver con los delitos de odio sino con expresar tus ideas sin que sean delito”.

El diagnóstico desde AI es claro: “En España hay libertad de expresión pero la tendencia es limitadora”. El director de la oenegé señala a un culpable. “El problema está en la legislación”, sentencia. Y apunta a varios frentes, empezando por la ‘ley mordaza’. “Ha provocado ya 73.000 sanciones. Su impacto es brutal porque es masivo, hablamos de ochenta multas diarias”, recalca. Entre sus deficiencias, destaca, que pueda ser delito “la falta de respeto a la Policía o de falta de obediencia a los agentes”.

Beltrán incide también en el código penal. “Tiene tres elementos muy preocupantes. Por un lado el enaltecimiento del terrorismo que hace que por cualquier expresión en redes sociales sobre ETA o el GRAPO, aunque no haya riesgo de delito ni directa ni indirectamente, se puede ser condenado hasta a tres años de cárcel o diez de inhabilitación”, afirma.

El segundo punto problemático lo ve en las “las injurias a la Corona o en que romper una fotografía del Rey pueda ser perseguido aunque afortunadamente los tribunales europeos ya han dicho que es una opinión política”. Finalmente pone el dedo sobre “la llamada ofensa a sentimientos religiosos, que puede hacer que personas que tienen una determinada opinión sobre algo abstracto puedan ser condenados”

Para Beltrán, la conjunción de todas esas situaciones legales “extiende el manto de que hay una persecución contra opiniones antisistema, ambientalistas o a favor de la plataforma antidesahucios lo que genera además una situación de autocensura porque si te pueden multar con entre 600 y 80.000 euros te los piensas”.

Artículo 22

“Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo personal”.

La vivienda y la salud, los derechos humanos que no lo son

El director de AI España recuerda que “la Constitución solo protege de los derechos sociales el de la educación, que está entre los fundamentales, ni la vivienda ni la salud están adecuadamente protegidos y depende del gobierno de turno que sean olvidados o maltratados”.

Beltrán lamenta que “no se considera que sean iguales que otros y de ahí por ejemplo que el decreto de 2012 retirara el derecho a los inmigrantes (irregulares) en la atención primaria, lo que supuso que se retiraran 740.000 tarjetas”. Aunque el decreto ha sido abolido asegura que “falta la letra pequeña y aún no está definitivamente restituido”.

Hay más consecuencias de la crisis. “Queda el deterioro de todo el sistema de salud, con el aumento de las listas de espera o el copago para los pensionistas que hacen que muchos tengan que elegir entre medicarse o comer porque no da para los dos”, critica.

Pero para AI “el caso más grave es el de la vivienda porque nunca se ha legislado como un derecho”. Beltrán apunta que “en España no hay un parque publico de viviendas como sí hay en muchos países de Europa, aquí es del 2% y en el Reino Unido es del 17% y en Francia del 32%”. La falta de ese parque de vivienda pública impide, según dice, que haya “alquileres populares y pone en riesgo de desahucio a la gente”. “Si no hay vivienda pública lo que hay son fondos buitres y empresas”, sentencia.

El abandono injustificable a los ‘menas’
El director de AI España tira de datos para contextualizar la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS). “Por un lado hay que recordar que 28 millones de menores han sido víctimas de desplazamientos forzosos pero que de esos, 17 millones se han quedado en sus países”, remarca Beltrán. Afirma que “el 51% de los refugiados son menores y que Europa se ha convertido en un continente de destino. Pero, con todo eso, señala que “el número de menores extranjeros no acompañados en España no es tan alto, hasta octubre había algo más de 11.100”. Andalucía, Catalunya, País Vasco y Melilla son los principales núcleos. El número, subraya, es “mínimo” por eso critica “cualquier declaración hablando de falta de recursos o de colapsos”. Lo que falta sería voluntad y políticas de acompañamiento. “No se les acoge bien y hay fallos en la detección de la edad que deja a muchos fuera”, denuncia. “Con ese número no debería haber problema y ahora el Gobierno ha dicho que va a dedicar 40 millones así que no hay ninguna justificación para no protegerles”, afirma.

Porque para AI antes que nada son potenciales víctimas. “En algunos lugares como en Melilla están en la calle y eso no se pude permitir”, apunta. “Tienen que estar protegidos por el sistema, pueden ser más víctimas que delincuentes, lo que son es vulnerables”.