Las cifras de riesgo de lesiones serían todavía peores si se considerara la economía sumergida

La primera foto realizada en España sobre la accidentabilidad laboral de los inmigrantes muestra una realidad peor de la esperada. La población inmigrante tiene un riesgo de sufrir lesiones mortales y no mortales por accidente laboral que en el mejor de los casos es cuatro veces superior al de los trabajadores autóctonos. Para las mujeres, este riesgo es cinco o seis veces superior, y en el caso de los inmigrantes de más de 55 años, se llega a multiplicar por 15, tanto para las lesiones mortales como para las no mortales.

Estos primeros datos sobre el riesgo de lesiones por accidente laboral en inmigrantes en España, recogidos en un estudio que publica el Journal of Epidemiology and Community Health (JECH), son sensiblemente superiores a los de otros países desarrollados. En ellos, los trabajadores extranjeros tienen un riesgo mayor, pero sólo dos o tres veces superior, según el epidemiólogo Fernando García Benavides, de la Unidad de Investigación en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y autor del estudio junto con Emily Q. Ahonen.

“En Holanda, Alemania, Suiza, Italia y Francia se observan también mayores tasas de lesiones por accidentes de trabajo en inmigrantes respecto a los autóctonos, pero en ningún caso hay tanta diferencia como la que hemos encontrado en España. También es verdad que, según el Eurostat, los españoles se accidentan entre un 50% y un 70% más que los de otros países europeos”, afirma García Benavides.

El fenómeno de la inmigración es tan relativamente nuevo en España que hasta 2003 no se incluía la variable “nacionalidad” en las estadísticas de accidentes de trabajo con baja laboral. Esta inclusión ha hecho posible el análisis que ahora publica el JECH sobre el riesgo de accidente laboral en la población inmigrante. Las cifras hablan por sí solas: 303 de cada 1.000 hombres y 177 de cada 1.000 mujeres inmigrantes sufrieron lesiones laborales no mortales en 2003, y en los mayores de 55 años hubo nada menos que 682 lesionados por cada 1.000. De los 322 inmigrantes muertos en el trabajo, 43 eran mayores de 55 años.

Pero el estudio sólo refleja la situación de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, y dentro de este grupo sólo la de los asalariados (unos 750.000), pues para los autónomos no es obligatorio dar un parte de accidente. La accidentabilidad de los trabajadores ilegales es desconocida, pero probablemente será todavía peor.

También faltan datos de lesiones laborales por comunidades autónomas y en los distintos sectores laborales. Además, al tratarse de un primer registro, las estadísticas tienen algunas imperfecciones y limitaciones, según García Benavides, por lo que las conclusiones hay que tomarlas con cautela. Los datos de 2004 se están analizando ahora y las estimaciones de riesgo se conocerán en las próximas semanas.

Aunque las posibles explicaciones de este fenómeno son sólo hipótesis, este epidemiólogo apunta que lo más probable es que los inmigrantes trabajen en los puestos de trabajo más peligrosos. Hay que tener en cuenta, además, la elevada rotación y temporalidad laborales, la menor capacitación laboral y las lógicas dificultades lingüísticas y culturales de los inmigrantes, que añaden más riesgo a puestos de trabajo ya de por sí peligrosos.

En el caso de los trabajadores de más edad, hay que considerar, entre otros factores, su menor capacidad física y su probable mayor fragilidad biológica frente a las agresiones, pues no es lo mismo, por ejemplo, caer de una altura de tres metros con 25 años que con 55.

Para empezar a estudiar la relación entre inmigración, trabajo y salud hay que incrementar y mejorar la información disponible, según García Benavides, pues “cualquier buena intervención preventiva debe estar basada en información fiable”. Con todo, los datos disponibles muestran “un problema que requiere programas específicos de prevención de riesgos laborales en inmigrantes, ya que parecen estar en una situación de especial vulnerabilidad. Estos programas deben contar con la participación de empresa y trabajadores”.

Y añade: “Legalizar la situación de los inmigrantes sin papeles fue una excelente iniciativa, pero hay que garantizar también su derecho a un trabajo seguro, al menos tan seguro como los autóctonos”.