Hay seis países del espacio europeo de libre circulación Schengen –Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Francia- que llevan aplicando controles policiales no sistemáticos en sus fronteras interiores desde el año 2015 aunque el código europeo de fronteras fija un máximo de dos años como límite. La mayoría siguen alegando circunstancias excepcionales derivadas de la crisis migratoria mientras que otros, como Francia, lo achacan a la amenaza terrorista. Todos ellos han recibido este jueves un nuevo toque de atención de la Eurocámara que ha exigido limitar a un año la posibilidad de establecer controles.

Los controles temporales en el área de libre circulación de Schengen deberán ser como máximo de un año –frente a los dos actuales- con un período inicial de dos meses en vez de los seis meses actuales y ser utilizados solo como último recurso. Además, la Eurocámara es partidaria de instaurar un sistema de garantías mucho más exigente de forma que los Estados miembros que soliciten la autorización para instaurar controles tengan que presentar primero una evaluación de riesgos sobre las consecuencias de extender esos controles más allá de 60 días iniciales.

En caso de querer prolongarlos más allá de los seis meses, la Comisión Europea deberá dictaminar si la medida respeta las normas antes de someterla a la aprobación de los gobiernos europeos en el Consejo, previa notificación al Parlamento Europeo. “Schengen es uno de los grandes logros de la UE. Pero está en riesgo debido a controles ilegales que seis países llevan haciendo desde hace más de tres años a pesar del límite máximo de dos años”, ha advertido la eurodiputada eslovena Tanja Fajon.

En su opinión, “esto demuestra la ambigüedad de las reglas vigentes y cómo las autoridades nacionales las interpretan y aplican de manera incorrecta”, ha añadido. “Si queremos salvar Schengen tenemos que poner fin a esto con normas claras”, ha insistido. Su propuesta de reforma del código Schengen ha logrado un apoyo mayoritario aunque el resultado demuestra que el asunto también genera tensiones en la Eurocámara: 319 eurodiputados han votado a favor, 241 en contra y 78 se han abstenido.

Negociaciones interinstitucionales

Con este posicionamiento, la Eurocámara tiene vía libre para empezar a negociar con el Consejo que cerró su postura y el mandato negociador en el mes de junio, con un plazo máximo también de un año y una mayor flexibilidad para decidir por su cuenta sin el visto bueno del resto de socios. Según las normas actuales, los países del espacio Schengen pueden restablecer los chequeos policiales en sus fronteras cuando constatan la existencia de una amenaza grave a su seguridad u orden interno. Las normas prevén un período inicial de 30 días ampliable a seis meses y prorrogable hasta los dos años en casos excepcionales. La crisis de los refugiados puso patas arriba el sistema y reabrió el debate sobre la necesidad de modificarlo.

Un grupo de países, liderados por Francia y Alemania, propusieron en 2017 ampliar el plazo máximo de controles de dos a cuatro años. Bruselas recogió su preocupación y presentó una iniciativa con un límite temporal ligeramente inferior, tres años. Las dos instituciones coinciden ahora en que un año es un tiempo razonable aunque la negociación interinstitucional dirá si las excepciones que quieren los gobiernos son aceptables para la Eurocámara.