DONOSTIA- El Gobierno Vasco tiene algo más que dudas sobre el diagnóstico realizado por SOS Racismo sobre la realidad del paso fronterizo de Irun donde, según sus cifras, Francia ha ordenado en lo que va de año más de 9.000 devoluciones de migrantes. Al Ejecutivo, aunque no dispone de cifras oficiales al respecto puesto que la competencia en la gestión es de la policía francesa y española, no le dan las cuentas. En declaraciones a este periódico, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, declaró que las cifras manejadas por la ONG son “muy confusas y dispares”.

Según la información recabada por SOS Racismo para elaborar su informe anual, el número de personas “rechazadas” el año pasado se elevó a 9.175, lo que arroja una media mensual de 760 migrantes. En lo que va de año, dice la ONG, se han efectuado en la frontera 9.038 devoluciones, lo que hace prever que la cifra final de devoluciones a finales de 2018 se dispare con respecto a los registros hasta ahora conocidos, “y además es posible que no sean todos los rechazos que se producen efectivamente”.

LAS CIFRAS OFICIALESAnte esta radiografía, Fernández, a preguntas de este periódico, echó mano de las cifras oficiales que maneja.

El Gobierno Vasco tiene registradas hasta esta semana un total de 5.150 personas migrantes en tránsito atendidas en Euskadi a través de Cruz Roja desde el 18 junio, cuando un autobús procedente de Almería llegó a Donostia con 46 personas de origen subsahariano. “Algunas son atendidas durante unas horas, otros han permanecido un día, dos, cinco… En cualquier caso, las cifras aportadas no parecen encajar con la realidad de lo que está ocurriendo en el paso fronterizo”.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación aprovechó la ocasión para reiterar que, a pesar de no ser competencia de las administraciones vascas, el trato a las personas migrantes debe realizarse “siempre bajo el respeto el marco legal y los derechos que les asisten”.

El Gobierno Vasco fue un paso más allá respecto a otra de las denuncias que se deslizaron en la comparecencia de SOS Racismo. En declaraciones a este periódico, Fernández desmintió que mujeres migrantes con niños a su cargo no estén recibiendo un trato adaptado a su situación vulnerable, tal y como censuró el miércoles en Irun la ONG, que tildó de “incomprensible que las instituciones no estén actuando”. Ante estas acusaciones, la secretaría Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación fue tajante. “Eso no es cierto. En todos los centros que están habilitados, no solo en el de la localidad vizcaina de Berriz, cuando llegan mujeres con menores tienen un protocolo de tratamiento especial y si por sus circunstancias es necesario que sean derivados a centros especiales, siempre lo son”, incidió Fernández.