LA realidad demuestra que aunque la aplicación del Reglamento de Extranjería ha arrojado unos resultados positivos la bolsa de inmigrantes irregulares sigue creciendo, manteniéndose situaciones críticas como la que padece la isla de Tenerife, donde este fin de semana llegaron 451 africanos en media docena de embarcaciones.

La operatividad de los planes anuales de contingentes es aún muy escasa y la falta de ayuda material y diplomática de una UE sin estrategia común de inmigración es también muy elocuente, además de no resultar aceptable. Cuestiones a las que hay que sumar, además, la falta de control público sobre los regularizados que se quedan sin empleo o de las masivas inspecciones de trabajo que anunció el Ministerio. Y pese a todo esto, cuando Gobierno y oposición deberían estar acordando políticas de integración que paliasen en lo posible conflictos como los de Ceuta y Melilla o la insoportable presión que sufre Canarias, aún nos encontramos con enconadas disputas por los procedimientos administrativos de entradas y permisos. No es ésta la mejor manera de afrontar un problema del que, por la experiencia sufrida en algunos países como Francia, existen unas referencias muy claras de los negativos derroteros que puede tomar.