“Desde las instituciones públicas es necesario mejorar la respuesta ante tanta vulnerabilidad” “La realidad indica que hay un número muy importante de devoluciones ilegales”

IRUN- Dos visiones diametralmente opuestas sobre una misma realidad migratoria que no cesa. Hace un mes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska admitía que las devoluciones sumarias de Francia al Estado son “absolutamente puntuales”, algo que ayer desmintió rotundamente SOS Racismo aportando unas cifras a años luz de la versión oficial. El número de personas “rechazadas” el año pasado se elevó a 9.175, lo que arroja una media mensual de 760 migrantes, la mayor parte de ellos sin garantías jurídicas. En lo que va de año se han efectuado en la frontera 9.038 devoluciones, lo que hace prever que la cifra final de devoluciones a finales de 2018 se dispare, “y además es posible que no sean todos los rechazos que se producen efectivamente”.

Son datos del Informe anual de SOS Racismo, que se hizo público ayer en Irun, epicentro de una crisis abierta que sigue sin cerrarse.

El foco de atención hay que situarlo en los controles interiores de las fronteras, que en el caso de Francia guardan una relación directa con los atentados yihadistas. Sobre el papel, en virtud del acuerdo de Schengen de libre circulación, esos controles no deberían existir.

Así lo acordaron varios países de Europa hace tres décadas. “Ese pacto, de facto, está desapareciendo en muchos países y, evidentemente, todo ello tiene su reflejo en Francia”, denunció ayer Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, que compareció junto a Alba Cuevas, coordinadora de la ONG en Catalunya, y Mónica Vidal, en representación de Galicia.

A esos controles en la frontera se han sumado países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega. En el país galo se han recrudecido desde hace tres años, e incluso ahora se han intensificado, como ha hecho saber el ministro del Interior francés, Christophe Castaner.

ATENTADOS YIHADISTASEl punto de inflexión lo marca el atentado yihadista contra el semanario satírico de izquierdas Charlie Hebdo (7 de enero de 2015), y varias ataques terroristas en diferentes puntos de París el 13 de noviembre de ese mismo año. Abrieron la espita de un estado de excepción que, en la práctica, sigue dejando su impronta a día de hoy en el paso fronterizo.

Hasta entonces, según fuentes policiales, el procedimiento de devoluciones de los no admitidos “se realizaba de manera tasada y de forma bilateral”, acordada entre el Estado y Francia. Sobre todo es a partir del verano de 2016, coincidiendo con la celebración de la Eurocopa y del Tour, cuando Francia comienza a actuar “de manera unilateral y rechazando a las personas que, según su criterio, no reunían los requisitos de acceso a su territorio”.

Estas medidas provocan que en la frontera de Irun con Hendaia estas personas queden “taponadas” en el puente de Behobia y Santiago, así como en el peaje de Biriatu.

Contabilizar las devoluciones no es una tarea fácil, pero SOS Racismo presentó ayer los resultados de un estudio realizado por el profesor de la UPV Iker Barbero, que ha esbozado un mapa a partir de “datos extraoficiales” que han sido contrastados. Atendiendo a las cifras, resulta sorprendente el abismo que media entre la versión ofrecida por Interior y la fotografía que arroja el estudio.

Para contextualizar las cifras oficiales, hay que tener en cuenta el llamado acuerdo de Málaga, por el cual Francia y España se comprometieron a aceptar las personas que son devueltas por encontrarse en situación irregular, y que son interceptadas en el plazo de cuatro horas desde que cruzan la frontera. Según este compromiso asumido, para el paso fronterizo de Irun la comisaría conjunta de Biriatu es el punto de entrega y recepción de las personas que son trasladadas a la comisaría de localidad bidasoarra, donde se les abre un expediente de expulsión por estancia irregular en el Estado.

Siguiendo este procedimiento, el Ministerio del Interior cifra en “tan solo” 2.690 readmisiones desde Francia a España durante el año pasado. El estudio realizado por el profesor de la UPV eleva el número a 9.175. Es decir, el triple. “La realidad indica que junto a este procedimiento oficial establecido, hay un número muy importante de devoluciones que se realizan al margen de la ley”, denuncia Mazkiaran, convencido de que el Estado no quiere revelar la verdadera trastienda “porque no quiere abrir ningún conflicto con el país vecino”. Así, las personas que son interceptadas en el lado francés son devueltas por la policía francesa a Irun “sin una comunicación previa a la policía francesa”.

Tomando como referencia los nuevos rechazos que se han dado durante este año por la policía francesa, se constata que el departamento 64, que incluye la CAV, Navarra y parte de Huesca (principalmente el paso de Irun-Hendaia), es la zona fronteriza más activa, con un crecimiento del 62% en el los nuevos primeros meses con respecto al año anterior.

La denuncia de SOS Racismo tuvo lugar un día después del primer encuentro formal entre la delegación del Gobierno en el País Vasco y la prefectura del departamento galo de los Pirineos Atlánticos. Fue una primera cita en la que acordaron “abordar la problemática de la inmigración garantizando en todo caso la dignidad de las personas”. Preguntado ayer al respecto, Mazkiaran opinó que expresarse en esos términos “es una obviedad. No estamos hablando de habilitar más medios, sino de cuestionar el control fronterizo establecido, que es racismo institucional guiado por el perfil étnico”.

Así se desprende de un diagnóstico realizado sobre los movimientos laborales transfronterizos. Así, un total de 3.863 personas cruzan diariamente la frontera para trabajar. “Si el control policial viene motivado por razones de prevención de terrorismo, es evidente que este control se realiza con un claro perfil étnico”, sostiene SOS Racismo.

CRONOLOGÍA

18 de junio. El punto de inflexión a la crisis migratoria que ha vivido Gipuzkoa comenzó el 18 de junio, cuando un autobús procedente del Almería llegó a la estación de autobuses de Donostia con un total de 46 personas de origen subsahariano. A finales de junio llegó otro con más de 30 personas. Comienza a visualizarse a partir de ahí que el flujo migratorio concentrado en el sur ve en la frontera de Irun con el Estado francés un punto estratégico para continuar su viaje hacia el norte.

27 de julio. Se organiza un desayuno solidario frente al Ayuntamiento de Irun para denunciar que unas quince personas llevan una semana durmiendo en los alrededores de la estación de Renfe. A partir de ahí se activa la solidaridad ciudadana a través de la red de acogida.

28 de agosto. Se anuncia que Irun habilita 22 nuevas plazas en centros de acogida destinadas a mujeres, menores y colectivos vulnerables.

10 de octubre. Inicialmente el grupo tiene su base de operaciones en el gaztetxe de Lakaxita, en la calle Anaka de Irun, pero la situación es insostenible y se trasladan frente a la sede de los Servicio Sociales de Irun. El 10 de octubre, la red de acogida solicita colaboración.

Noviembre. El albergue Martindozenea es habilitado como recurso de emergencia para la atención de migrantes, prestando atención las 24 horas del día.

SOLIDARIDAD LOCAL