El tiempo se convierte en aliado o enemigo de los miles de inmigrantes que esperan al otro lado del Estrecho para intentar la travesía de sus vidas. El verano propicia un aumento de llegadas, y el invierno frena habitualmente los flujos migratorios. Esa tónica se ha cumplido con la llegada del mal tiempo en noviembre. El número de llegadas hasta Gipuzkoa y a Euskadi en general se ha moderado respecto a las cifras récord del pasado verano. Así lo constatan las organizaciones sociales que dan apoyo a estos migrantes y las propias instituciones que financian los recursos oficiales habilitados para responder a esta realidad. Desde el pasado mes de junio cuando se activó la mesa de coordinación institucional y se iniciaron los recuentos hasta esta semana, los centros de acogida han dado cobijo a 5.182 personas, la gran mayoría en ruta hacia otros países de Europa donde quieren reunirse con familiares o compatriotas, huyendo de la miseria de sus países de origen.

En contraste con el descenso del flujo migratorio, crecen las devoluciones de migrantes que intentan cruzar la frontera y son interceptados por parte de la Gendarmería francesa para ser luego entregados a la Policía española. El control migratorio se ha intensificado. En los dos últimos meses, las entregas oficiales de migrantes reconocidas por la Policía española han aumentado. En concreto, en octubre se cifraron en 128 casos y hasta el martes se sumaron otros 99, según datos a los que ha tenido acceso este periódico. En lo que va de año, siempre según ese mismo registro, se habrían entregado desde Francia a territorio guipuzcoano a 708 personas. El alza de este tipo de procedimientos, sujetos al acuerdo de readmisión de personas en situación irregular firmado entre Francia y España en 2002, coincide con el anuncio del Gobierno francés de actuar con «firmeza» y más medios para impedir la entrada de migrantes desde Irun. También ha empezado su gestión el coordinador nombrado por el Ministerio del Interior galo para «corregir» las irregularidades en los controles migratorios.
«Racismo institucional»

Las cifras oficiales, en cualquier caso, se encuentran a una distancia abismal respecto al balance ofrecido ayer por SOS Racismo, que denuncia que las expulsiones por los cauces suscritos «no reflejan la cantidad total de devoluciones que se realizan de manera no oficial». De hecho, según sus cálculos realizados a partir de cifras facilitadas por la Policía francesa y publicadas en medios, por cada devolución oficial se producen otras tres de forma extraoficial. En total, unas 7.000 devoluciones ‘en caliente’ en lo que va de año. «Son devoluciones ilegales, porque no cumplen con el mínimo del procedimiento que fija el acuerdo hispano francés. Hemos visto a la Policía francesa cogerles al otro lado de la frontera, introducirles en un coche y dejarlos en Irun», afirmó Mikel Mazkiaran. Esas garantías mínimas incluyen avisar a la policía española y la obligación de que el migrante esté atendido por un abogado de oficio. «No se están cumpliendo», reiteraron.

El dato

2.690 readmisiones legales
se produjeron en 2017, según el balance de SOS Racismo, desde Francia hacia España. Los rechazos admitidos por el gobierno galo en ese mismo tiempo, sin embargo, ascienden a 9.175. La diferencia se correspondería con devoluciones «ilegales», fuera de los acuerdos oficiales.

La organización escogió Irun para presentar el balance anual de 2018 sobre racismo en el Estado español, y como es lógico, centró buena parte del repaso en la situación del control migratorio en la frontera. SOS Racismo habló de «racismo institucional», porque entiende que el control fronterizo y la identificación de personas se está haciendo de forma «selectiva en función del perfil étnico», principalmente a inmigrantes subsaharianos.

La frontera de Biriatou se ha convertido en el principal paso de migrantes en ruta, por encima de La Junquera en Cataluña, y en paralelo también, en el foco de los controles policiales en suelo francés, intensificados tras los atentados yihadistas de París en 2015 , cuando se declaró el estado de alarma en Francia.

En ese contexto, las devoluciones desde Francia de personas en situación irregular llevan camino de marcar un récord este año. En los primeros nueve meses de 2018, las cifras (9.038) prácticamente igualan ya a las registradas en todo el pasado ejercicio (9.175). Son cifras aportadas por el Gobierno francés y recogidas por el diario ‘El País’, que citó SOS Racismo. Sin embargo, hay un enorme desfase entre los rechazos reconocidos por Francia y las readmisiones registradas por el Gobierno español, que habla de 2.690 personas readmitidas desde Francia a España en 2017. La diferencia, según SOS Racimos, de esas casi 7.000 personas, serían los migrantes devueltos fuera de la ley, al margen de cualquier procedimiento. «Es decir, se producen tres veces más», remarcaron ayer para evidenciar la magnitud de estos procesos.

«Los controles son discriminatorios, se hacen de forma selectiva según el perfil étnico» Mikel Mazkiaran, SOS Racismo

«Las devoluciones extraoficiales no son casos aislados. Son una práctica diaria» Mikel Mazkiaran

«No son casos aislados», respondió Mazkiaran a las declaraciones realizadas recientemente por el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska. «Es obvio que las devoluciones en caliente son una práctica diaria». El responsable de SOS Racismo atribuyó la lectura oficial del Gobierno español «a un trasfondo político, y a no querer generar ningún tipo de conflicto con el país vecino. Se quiere llevar todo esto con diplomacia y no hacer de esto un problema».

La fotografía de las organizaciones sociales es otra bien distinta. «Los controles en la frontera se han ido haciendo cada vez más duros y discriminatorios para las personas migrantes», recoge SOS Racismo, que reconoció la dificultad de poner denunciar judicialmente estos casos.
«Comportamiento ejemplar»

Mazkiaran quiso subrayar la respuesta social y el comportamiento «ejemplar» de la ciudadanía de Irun, que ha demostrado «una especial sensibilidad hacia estas personas en tránsito». La ONG, que está trabajando a pie de calle en la acogida de estas personas, lamentó que las instituciones «hayan ido por detrás de las reivindicaciones» de esas entidades sociales y de la Red Ciudadana que ha actuado de forma subsidiaria. Durante este tiempo, se han atendido a más de 2.500 personas, una media de 25 al día, con turnos las 24 horas del día.

Dentro del fenómeno migratorio, Alba Cuevas, coordinadora de SOS Racismo Catalunya, denunció especialmente la situación de los colectivos más vulnerables, como son los menores no acompañados, las mujeres con hijos y las víctimas de trata. «El gran problema es que no se quieren identificar las situaciones de vulnerabilidad», reprochó en general en el trato a los inmigrantes que cruzan España de sur a norte hacia Europa. Cuevas reivindicó «la libertad de movimiento» para todos los ciudadanos, en el marco de los acuerdos de Schengen.

Mazkiaran también puso el foco en la prevención de la trata de mujeres . «Prevenirla es atender a mujeres con niños que están llegando», dijo. Existe un recurso específico para este colectivo, en Berriz, «pero no se está realizando el acompañamiento correcto».