El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el equipo del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han llegado a un acuerdo para que los migrantes que quieran solicitar asilo permanezcan al sur de la frontera mientras dura el proceso, según informó ayer Washington Post.

El acuerdo establece que cualquier persona llegada a la frontera sur de Estados Unidos a través de México deberá permanecer allí mientras se procesa su petición.

De esta manera, Washington podría poner coto a la política conocida como catch and release (atrapar y liberar), que permite a quien ha entrado irregularmente en el país entregarse a las autoridades, solicitar asilo y quedar libre mientras se analiza su solicitud.

Trump ha expresado su deseo de acabar con esta práctica porque, según dice, en muchos casos, una vez que el solicitante se encuentra en el país, sabedor de que no reúne las condiciones para obtener el asilo, desaparece de los cauces oficiales y permanece en el país de forma ilegal.

En los últimos días habían aparecido diversas informaciones que apuntaban a que Washington estaba trabajando en un proyecto para impedir a quienes llegan a la frontera sur del país que puedan entrar hasta que los tribunales aprueben oficialmente su petición de asilo.

Esta medida planteaba un serio problema para México, donde en estos momentos aguardan miles de personas, muchas de ellas llegadas en caravana a la frontera con Estados Unidos, que no han podido cruzar la aduana debido a las trabas que les ha puesto la Administración estadounidense.

Trump aseguró ayer que no permitirá que nadie entre en el país ilegalmente y que para ello estaría dispuesto hasta a cerrar la frontera con México “si en el otro lado no hay control”, lo que fue interpretado como una clara advertencia al país vecino.

Por su parte, la caravana migrante que se encuentra en la ciudad mexicana de Tijuana en espera de pedir asilo político en Estados Unidos caldeó ayer el ambiente político, con el alcalde de la metrópoli fronteriza como principal protagonista.

CRISPACIÓN POLÍTICAAnte la emergencia por la llegada de los centroamericanos, la actuación y las expresiones del alcalde, quien la noche del jueves declaró una crisis humanitaria por la presencia de los migrantes, generaron un clima de confrontación.

“Resaltamos la irresponsabilidad manifestada por Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, quien a pesar de haber tenido tiempo suficiente para tomar medidas precautorias ante la inminente llegada de la caravana migrante actuó con pereza, indiferencia y torpeza”, dijo el jueves en la Cámara de Diputados de México el legislador René Cruz, del Partido Encuentro Social.

Cruz, cuyo partido forma parte de la coalición encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, recordó que el alcalde decidió cumplir un viaje de seis días a China en lugar de permanecer en la ciudad para “cumplir con su deber”.

La semana anterior Gastélum, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), emitió mensajes xenófobos y racistas contra los migrantes y declaró que “Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera”.

“Son una bola de vagos y mariguanos”, expresó el alcalde, y remachó sus expresiones con la frase: “Los derechos humanos son para los humanos derechos”. Además, afirmó que el costo de la atención a los migrantes, poco más de 5.000 llegados desde la semana pasada, “asciende a más de 500.000 pesos (unos 24.800 dólares)” diarios.