La división de criterios en Estados Unidos respecto a cómo abordar legislativamente el problema de los ‘sin papeles’ es tal que mientras algunos de los proyectos de ley favorecen la concesión de documentos a los inmigrantes irregulares que hayan residido cinco años y regulan el trabajo temporal, otros sencillamente los criminalizan, fomentan su deportación y, con poco realismo, hablan de cerrar herméticamente la frontera con México. Además, al ser 2006 un importante año electoral y haber alcanzado la minoría hispana la cifra de 41 millones de personas, el debate sobre el lugar que ocupan los latinos en EE UU se ha polarizado extraordinariamente. Tanto, que las medidas legales pretendidas por un George W. Bush muy debilitado políticamente han encontrado su mayor rechazo en la propia derecha republicana, cuyos sectores más inmovilistas consideran al presidente en exceso favorable a esta comunidad emergente. Bush sabe que los hispanos forman parte de su base electoral más importante, pero su propio liderazgo está muy mermado por su política en Irak, los escándalos de sus colaboradores y el aumento de los precios del petróleo, lo que le concede un estrecho margen de maniobra.

La reivindicación hispana, que lleva meses movilizando a millones de personas en manifestaciones o protestas como la del 1 de Mayo, enlaza con la lucha por los derechos civiles de los años 60 y las propias señas de identidad de EE UU, un país construido por inmigrantes y abierto a la realización del ‘sueño americano’ por los recién llegados. Cabe temer que una estrategia de huelgas resulte contraproducente para los convocantes, por la enorme diferencia de poder que tienen los empresarios en relación con los trabajadores. Serían sin duda más efectivas las iniciativas en positivo, que demuestren la voluntad de los hispanos de integrarse en la sociedad estadounidense. La vía de la prudencia se impone, al menos, hasta que el Senado vote las reformas legislativas.