Hace un año que el Gobierno emprendió un proceso de regularización de inmigrantes sin precedentes en España. Su objetivo, anunciado a bombo y platillo, era sacar a flote todo el empleo sumergido fomentado por la inmigración ilegal. Efectivamente, parte de ese propósito se ha cumplido, ya que actualmente hay más de medio millón de nuevos afiliados a la Seguridad Social, lo cual contribuye a su saneamiento.

No obstante, en la actualidad son mayores los problemas que la legalización masiva ha generado o deja pendientes que los que ha resuelto. Un eufórico Caldera anunció entonces que tras la legalización sólo iban a quedar unos 100.000 sin papeles. Sin embargo, el ministro erró en sus cálculos. Un año después, más de un millón de inmigrantes – entre aquellos a los que no se les concedió papeles, los que ni siquiera lo intentaron y los que han llegado durante este periodo – , carecen de permiso de trabajo y residencia en nuestro país.

Igualmente, el ministro de Trabajo negó que la regulación propiciaría un efecto llamada y aseguró que a partir de ese momento el «contador» se iba a «poner a cero». Independientemente de que los enormes flujos de inmigrantes que han desembarcado en nuestras costas en lo que va de año lo hayan hecho por la facilidad que tienen para quedarse, lo cierto es que el número de sin papeles no deja de crecer. La ONG SOS Racismo revela que nunca un proceso de legalización había dejado tanta irregularidad a sus espaldas.El balance global de la medida impregnada de voluntarismo e improvisación es, por lo tanto, negativo en su conjunto.

La inmigración es un problema estructural, hecho que fue ignorado por el Gobierno socialista, que no tuvo en cuenta muchos aspectos de vital importancia. En primer lugar, las autoridades no dan abasto para repatriar a todos los que no han obtenido permisos, lo que deja a estas personas en un limbo jurídico. Por otro lado, el Ejecutivo tampoco previó que muchos de los que fueron legalizados tienen contratos temporales o precarios, lo que puede provocar que sus permisos no sean renovados. Por último, ni siquiera reparó en la viabilidad de la repatriación, atendiendo a los acuerdos bilaterales que España tenga con lo países de origen, lo cual da lugar a situaciones esperpénticas, como que inmigrantes expulsados hayan sido devueltos a nuestro país.

El Gobierno, igualmente, desoyó los consejos de Bruselas, desde donde se insistió en que con medidas excepcionales no se iba a solucionar el grave problema de fondo. Ahora, los datos dejan en evidencia al Ejecutivo y le obligan a reflexionar para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Para ello, tendrá que tener en cuenta sobre todo dos cosas: que cualquier política de inmigración ha de realizarse con perspectiva de futuro y que ha de ser diseñada conjuntamente por todos los países de la Unión Europea.