Un juez federal adelantó hoy que certificará el plan acordado entre el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las familias que fueron separadas en la frontera, bajo el cual se reconsiderarán cientos de solicitudes de asilo político.

El juez Dana Sabraw, quien preside las tres demandas colectivas que conforman el litigio por separación de familias entablado en un tribunal de San Diego, en California, determinó que las objeciones presentadas en el caso no interfieren con la aprobación del acuerdo que, dijo, hoy firmará.

“No es perfecto (el acuerdo), pero estamos lidiando una situación que está lejos de ser perfecta”, señaló el juez, quien añadió que el actual panorama se generó a raíz de la política de separación de familias puesta en marcha por el Gobierno del presidente Donadl Trump.

Este plan beneficiaría a cerca de mil familias que, tras verse afectadas por esta medida, fallaron en su entrevista de asilo.

La Administración Trump ha reunificado a 2.458 de los 2.667 niños que fueron separados de sus padres en la frontera sur, en gran medida por la política de “cero tolerancia” contra la inmigración ilegal, de acuerdo con un informe presentado la semana pasada.

Del grupo restante, unos 25 menores continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), en espera de ser llevados con sus padres, mientras que los otros 184 niños serían entregados a algún otro familiar o tutor, ya sea porque los progenitores renunciaron a su derecho de reunificación o se determinó que éstos representan algún peligro para su bienestar.

Incluso, la ex candidata presidencial Hillary Clinton criticó hoy en su cuenta de Twitter que todavía cientos de niños continúen en detención dado que han pasado más de cien días desde que venció el plazo fijado a finales de junio por el juez para que éstos fueran entregados a sus padres.

Entre las objeciones presentadas en el tribunal se encontraban algunas solicitudes para aclarar el lenguaje en ciertos puntos del acuerdo, o el caso de algunos inmigrantes que piden ser catalogados dentro de la demanda colectiva, pues, pese a no ser los padres biológicos de los menores de los que fueron separados, se consideran sus guardianes legales.

También salió a relucir el caso de siete menores que antes de que se anunciara el plan aceptaron su salida voluntaria del país ya que creían que ésta sería la única forma de regresar con sus padres, pero ahora piden permanecer en EE.UU. para presentar su solicitud de asilo.

Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ), que estuvieron presentes durante la audiencia, indicaron que están dispuestos a escuchar bajo qué circunstancias se firmaron dichos documentos sobre salidas voluntarias.