La policía ha desmantelado en Madrid cuatro clínicas ilegales que eran gestionadas por ciudadanos chinos que carecían de cualquier clase de titulación sanitaria. En la operación se ha detenido a seis personas originarias del país asiático y se ha contrastado que los falsos médicos realizaban abortos en fase embrionaria y atendían consultas de medicina general, pediatría, ginecología, otorrinolaringología y enfermedades de transmisión sexual. Los responsables de la investigación creen que hay más pisos donde se realizan estas prácticas, por lo que se siguen efectuando diligencias para conocer su ubicación.
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Los agentes del grupo V de la brigada provincial de extranjería de Madrid, especializado en delitos cometidos por ciudadanos chinos, iniciaron sus pesquisas el pasado mes de diciembre al tener noticia de que había un número importante de personas de este origen que acudían a clínicas gestionadas por compatriotas. Tras detectar cuatro de estos domicilios privados donde se ejercía la medicina, los agentes procedieron a contrastar la identidad de los médicos y comprobar si, en el caso de estar capacitados, habían homologado su titulación.
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Una vez comprobado que ninguno de ellos estaba autorizado a ejercer la medicina en España, los policías procedieron a registrar las cuatro falsas clínicas localizadas. Ninguno de los seis detenidos tenía título, ni chino ni español. Tan sólo uno de ellos exhibió una declaración jurada ante notario y traducida al español en la que figuraba que había aprendido el oficio con su padre. En uno de los pisos, los agentes descubrieron la existencia de un sistema de seguridad que permitía identificar mediante un circuito cerrado de vídeo a los pacientes antes de que accedieran a la clínica.
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La policía destacó ayer el elevado riesgo que corrían los pacientes que acudían a estas clínicas clandestinas, pues no se guardaban las más elementales medidas de higiene y asepsia, y podían contraerse enfermedades como el sida o la hepatitis.
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La mayoría de los pacientes eran inmigrantes indocumentados que preferían acudir a estas clínicas por un precio reducido a recurrir al sistema público español, ignorando que todas las personas tienen derecho a la sanidad independientemente de su situación legal en España.
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