El recurso de Martindozenea de Irun está centrando el debate en torno a la atención de migrantes en tránsito en Euskadi. La situación en la ciudad fronteriza, donde muchos subsaharianos permanecen atascados mientras intentan cruzar a Francia, ha obligado a las instituciones a ampliar los recursos y las plazas disponibles desde el mes de agosto. El siguiente escollo al que se enfrenta ahora la mesa interinstitucional para la gestión de la crisis migratoria es el de la flexibilización de los requisitos de acceso y de estancia en el albergue de Martindozenea. Temas que serán hoy objeto de debate en una reunión que mantendrán representantes de Gobierno Vasco y Cruz Roja.

Actualmente, los migrantes que llegan a sus puertas deben presentar el documento de expulsión que reciben por parte de la policía al llegar a la península, que es el que acredita que llevan menos de 30 días residiendo en el Estado, requisito indispensable para poder acceder a los recursos oficiales. Si bien la semana pasada fuentes de la Red de Acogida Ciudadana de Irun afirmaron que dicho requerimiento había sido eliminado, desde Cruz Roja, organización encargada de la gestión del centro, aclaran que este solo se ha omitido «en casos excepcionales».

El Ejecutivo vasco ya tomó la decisión de abrir Martindozenea las 24 horas del día desde el pasado jueves. Cruz Roja ha querido aclarar que ese servicio se ofreció «desde el primer momento», desmintiendo así las afirmaciones lanzadas desde el Ayuntamiento de Irun, que declaró que había falta de personal por una «descoordinación» entre Gobierno Vasco y Cruz Roja.