A finales de 2015 se paseaban por la ciudad entre 60 y 70 personas que no tenían alojamiento, según los datos municipales. Alrededor de 600 sufrían también por carecer de un lugar al que ir y recurrían a los albergues o al inseguro techo de una chabola. Ayer la concejal de Servicios Sociales, Mercedes García, y sus máximos colaboradores aseguraron que el municipio entra en la temporada de frío sin apenas gente durmiendo al raso, en cajeros automáticos y en los bajos del estadio Cartagonova. Además, afrontará 2019 con menos de la mitad de personas en viviendas precarias que hace tres años.

La tendencia, confirmada por Cruz Roja, coincide en el tiempo con la labor coordinada por el Ayuntamiento con varias organizaciones sociales, pero también es simultánea a la proliferación de casas ‘okupadas’ en la barriada Virgen de la Caridad y en parte del casco histórico, entre otros lugares del casco urbano.

García y su equipo dieron cuenta de los progresos en las labores de inclusión social ligadas a la vivienda durante la presentación de un estudio de la Universidad de Murcia (UMU), que recoge datos de 2016. Hace dos años el equipo encargado de la investigación comprobó que había 622 personas con problemas de «exclusión residencial». De ellas, 33 no tenían casa propia ni acudían a ningún albergue a dormir; lo hacían en cajeros y lugares similares.

A la Hospitalidad Santa Teresa y a otros albergues acudían a pernoctar de forma regular 114. Otras 312 hacían su día a día en viviendas inseguras (chabolas y casas mal equipadas e insalubres) y 152 residían en otras con carencias importantes (desde el cuarto de baño hasta los electrodomésticos imprescindibles para llevar una vida normalizada).

En la actualidad, el número de ‘sintecho’ está en regresión. «Apenas hay y los que nos encontramos acaban de llegar a la ciudad. Enseguida se les incluye en el sistema de atención y dejan de estar en esa situación», explicó García, en compañía de la coordinadora de Servicios Sociales, Lucía Hernández.

La mejora de las cifras tiene que ver, según explicaron los técnicos a la órdenes de la edil, con el sistema coordinado por el Ayuntamiento y en el que se integran todas las organizaciones no gubernamentales de asistencia a los necesitados. Las que actúan sobre el terreno, con quienes tienen problemas de alojamiento y vivienda, ponen cada caso en conocimiento de los Servicios Sociales. Sus técnicos se ocupan de que consigan un alojamiento, una vivienda social, un alquiler barato, formación para el empleo e ingresos con que poder pagarlo y una mejora general de su situación que les saque de la situación de exclusión social. El sistema se inició en la última etapa del concejal del PP Antonio Calderón. Posteriormente, pese a los cambios de ediles en el departamento (las socialistas Carmen Martín, desde 2015; Ana Belén Castejón, los últimos ocho meses y Mercedes García, desde hace tres semanas), los técnicos han aplicado esa fórmula. Damián Pérez Olmos dejó recientemente el puesto de coordinador de Servicios Sociales para ser director de Infraestructuras y Lucía Hernández ha tomado su relevo.

El sistema tiene desde ayer una nueva herramienta en la que basarse: el estudio elaborado por el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia y la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia. Sus datos han permitido configurar algunos aspectos del perfil de personas con problemas de vivienda y marginación social. «El sexo, combinado con la nacionalidad, determina diferentes niveles de riesgo social, ya que mientras que para los autóctonos ser mujer es un factor adicional, para los extranjeros lo es ser hombre. Carecer de ingresos y de un trabajo es otro inconveniente importante. Todo eso hay que tener en cuenta cuando se aborda este problema, para atajarlo de raíz», explicó el director del observatorio de la UMU, Manuel Hernández.

El 76,4% de las personas con problemas de vivienda dispone de unos ingresos mensuales inferiores a los 400 euros o está parado. En un tercio de los casos, el cuadro se completa con problemas de salud y uno de cada seis implica a inmigrantes que se encuentran irregularmente en España o personas que han tenido problemas con la Justicia. Un 10% de estas son iletradas o tienen un nivel de estudios que condiciona mucho sus progresos para integrarse.

Mercedes García destacó que este estudio no habría sido posible sin la Universidad de Murcia y agradeció su colaboración a todas las organizaciones que prestan servicios sociales. Sus resultados demuestran que la cuesta abajo hacia la marginación empieza con la pérdida del puesto de trabajo y la bajada de ingresos y tiene en el deterioro y el desalojo de la vivienda su punto de inflexión. También mencionó la labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha evitado muchos desahucios.

En el Ayuntamiento preparan un nuevo estudio de campo para confirmar la mejoría y para orientar un nuevo plan integral municipal de inclusión en los próximos años.

Servicios Sociales se ha desmarcado hasta ahora de la intervención en zonas residenciales en las que proliferan las viviendas ‘okupadas’. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, se comprometió a hacer un censo en la Barriada Virgen de la Caridad. De su multiplicación en la calle San Vicente y aledaños nadie ha dicho nada por ahora.