Las Palmas De Gran Canaria, 24 oct (EFE).- Solo 4 de los últimos 11 inmigrantes sometidos a pruebas óseas para verificar si eran o no menores han sido declarados como tales en Lanzarote, donde 190 de esos chicos que han dicho no ser adultos aguardan a ser enviados a otras islas si se comprueba que es cierto, según ha informado hoy el Gobierno de Canarias.

El cual considera que lo ocurrido “pone de manifiesto que el porcentaje de adultos que no se declaran como tales es bastante alto” entre los extranjeros que llegan irregularmente a las islas, según señala en un comunicado su directora de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales.

Quien relata que “el Instituto de Medicina Legal situado en Lanzarote ha remitido a la Fiscalía once diagnósticos de pruebas óseas y ortopantografías para la firma del decreto de minoría de edad, constatando en el informe que sólo cuatro de ellos aún no han cumplido los 18 años”.

Morales recuerda, en todo caso, que el reparto de esos inmigrantes por otras islas acordado entre sus respectivos cabildos y el Ejecutivo para aliviar la situación de Lanzarote, su principal destino en los últimos tiempos, solo se podrá llevar a cabo “una vez que vayan obteniendo el decreto emitido por la Fiscalía que acredite su minoría de edad”.

Por ello, “en la actualidad, Lanzarote cuenta con dos dispositivos de emergencia para atender a los inmigrantes que han llegado a la isla, uno situado en Yaiza gestionado por el Cabildo y otro en el Albergue de La Santa -competencia del Gobierno de Canarias”, expone la directora de Protección a la Infancia.

Y detalla que, en total, la corporación insular y la Comunidad Autónoma asisten a 190 supuestos menores, que serán distribuidos por el resto de las islas si se confirma que lo son una vez tengan una declaración oficial que lo acredite.

Desde el Gobierno de Canarias se explica que el procedimiento para fijar la minoría de edad comienza con una declaración ante el juez, que exige practicarle en un hospital unas pruebas que permitan calcular su edad cuyos resultados analizan luego dos forenses del Instituto de Medicina Legal.

Forenses que son los que confirman o no la minoría de edad tras entrevistar además a cada uno de los supuestos menores, emitiendo un diagnóstico que envían a la Fiscalía de Extranjería en Las Palmas de Gran Canaria, que es quien rubrica el decreto determinando la edad, prosigue el escrito.

Y subraya que “solo una vez concretada la edad es cuando la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia puede proceder a firmar la resolución de declaración de desamparo y el juez ordena que se proceda el traslado a otras islas”. EFE