En el segundo Consejo de Ministros de la ‘era Sánchez’, la recién nombrada portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció que el Gobierno recuperaría la universalidad del sistema nacional de salud en seis semanas. Y cumplió el objetivo. Justo en la fecha indicada, el pasado 27 de julio, el Ejecutivo aprobó el real decreto destinado a derogar la normativa por la que el PP, con la excusa de que era necesario ahorrar dinero para afrontar la crisis, dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘simpapeles’. Fue el principal logro de Carmen Montón antes de su dimisión por el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. La ministra negoció en un tiempo récord la medida con las autonomías y la comunidad médica.

Y, justo antes de que abandonara su cartera, el 6 se septiembre, el Congreso convalidó el decreto y, aunque aceptó su tramitación como proyecto de ley, sus disposiciones están plenamente en vigor y los inmigrantes ya son atendidos en los centros de salud en igualdad de condiciones que los españoles, independientemente de su situación administrativa, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Si los grupos logran el consenso suficiente para introducir algún cambio en el proyecto, estos se pondrán en marcha cuando la norma, que está en fase de presentación de enmiendas, se apruebe en el Senado.

Y es que la universalización de la sanidad no contó con un apoyo unánime. El PP se opuso porque, a su juicio, abre las puertas “de par en par al turismo sanitario” y va a generar “un problema donde no lo hay”, mientras que Ciudadanos se abstuvo con el argumento de que la derogación de la normativa conservadora “no va a solucionar el acceso en igualdad a la sanidad porque no hay financiación”.
Los titulares

La norma, en cualquier caso, cambia completamente el modelo de asistencia, al ligarlo a la condición de ciudadanía y no de asegurado. Por tanto, reconoce como titulares del derecho a todas las personas con residencia en España, incluidas a las personas procedentes de otros países que no hayan regularizado la situación, en este caso previo informe favorable de los servicios sociales. Además se amplía la prestación a los españoles que viven en el extranjero pero que tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en España, y que también el PP dejó fuera.

Para evitar el turismo sanitario, la normativa socialista establece la garantía de que el sistema nacional de salud se haga cargo del desembolso por la asistencia siempre que no haya un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde el país de origen.
Los excluidos

En total se calcula que unas 800.000 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria con la entrada en vigor del decreto del PP, que desvió a las personas en situación administrativa irregular a las urgencias, salvo a los menores y a las embarazadas. El Gobierno de Mariano Rajoy, según los especialistas, no pudo demostrar ningún beneficio contable para las arcas del Estado con aquella impopular medida, porque el coste de atender a una persona en urgencias es mayor al de prestarle atención sanitaria en el centro de salud. Y por el camino provocó un aumento medio de la mortalidad del 15% entre la población inmigrante y ‘simpapeles’, según un estudio conjunto de la Universidad Pompeu i Fabra (UPF) y la Universitat de Barcelona (UB).

El informe analizó la evolución de las muertes entre la población con residencia irregular y los habitantes con acceso garantizado a la sanidad entre 2009 y 2015 y concluyó que a partir del 2012 se produjeron 70 muertes más al año que las que se producían en el periodo anterior. La situación se palió en parte cuando las Comunidades Autónomas comenzaron a burlar la norma estatal para atender a todos los ciudadanos sin distinción, si bien sin la seguridad jurídica adecuada, cada una con un sistema distinto, una desigualdad que el Gobierno del PSOE ha intentado paliar.

De hecho, el pleno del Tribunal Constitucional declaró este martes extinguido el proceso abierto por el Ejecutivo del PP, en abril de este año, contra la ley catalana de sanidad universal. Pedro Sánchez ha decidido que el Abogado del Estado desista del recurso.