Las entidades Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) y Jo Sí Sanitat Universal han contabilizado un total de 375 personas en Catalunya que se quedaron excluidas de la sanidad pública entre marzo del 2013 y septiembre del 2018. El motivo fue la aprobación del real decreto 16/2012 del PP para “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. De estas 375, un total de 90 personas se quedaron fuera de cobertura después de julio del 2017, cuando entró en vigor la ley autonómica que buscaba la universalización de la sanidad en Catalunya.

Las entidades han presentado este martes el informe ’6 anys d’exclusió sanitària: l’impacte del RDL 16/2012 a Catalunya’, el cual establece cinco categorías excluyentes: la ’buroexclusión’ o las barreras administrativas (en la que se han registrado 139 casos), mujeres embarazadas (20 casos), menores de edad (91), facturación indebida y/o denegación de la atención urgente (79) y, por último, desconocimiento del derecho (46).

En lo relativo a la ’buroexclusión’, las entidades sociales denuncian que a menudo se producen informaciones erróneas o trámites administrativos equivocados, facturaciones de atención no urgente e, incluso, denegación de programación de visitas sanitarias en personas que sí tienen el derecho de ser atendidas, pero lo desconocen. Un ejemplo: de las 375 personas excluidas estos años, 175 tenían el padrón vigente y se las dejó fuera por alguna barrera administrativa.

En cuanto a las embarazadas, de las 20 que fueron excluidas en Catalunya, seis de ellas no fueron atendidas de urgencia y, o bien se las amenazó con cobrar, o bien se les facturó indebidamente la atención. Además, el informe reporta un caso de facturación indebida de atención urgente a una mujer víctima de violencia de género. En relación a los 91 menores excluidos, destacan el caso de dos que estaban embarazadas y el de 21 neonatos a los que se les denegó la atención programada, la atención urgente, el trámite de la tarjeta sanitaria o la administración de las vacunas obligatorias. 

“No existen datos oficiales de la aplicación del decreto ley del 2012, algo fundamental para visibilizar esta problemática y así dar una respuesta a partir de políticas públicas”, ha expresado Alicia Rodríguez, portavoz de la Pasucat. “Ese real decreto supuso un cambio de paradigma de la atención sanitaria. Para ser atendida, la persona debía trabajar y estar asociada a la Seguridad Social, lo que excluyó a aquellas en situación irregular y que no tenían un permiso de trabajo”.

El PSOE aprobó en julio el real decreto ley 7/2018, que regula el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Actualmente se está trabajando en una nueva proposición de ley sobre la sanidad universal con el objetivo de modificar el Real Decreto del 2012, que aún sigue en vigor. Las entidades denuncian que la ley del PSOE, aunque supone un importante avance, mantiene la ‘buroexclusión’ porque para acceder al sistema has demostrar 90 días de estancia en España. Además, deja fuera a los ascendientes de reagrupados (padres y abuelos) que han llegado a España al pedirles un seguro médico privado.