La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que el nuevo plan de ‘Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración’ sitúa a Euskadi en “la vanguardia europea de la solidaridad y la cohesión social” en un contexto en el que la inmigración “ha llegado y lo va a seguir haciendo” y en el que “estos flujos migratorios se necesitan para hacer frente al reto demográfico”.

GASTEIZ. La consejera ha comparecido este lunes en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco para presentar el ‘V Plan de Actuación en el Ambito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020’, junto a la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, y el director de Políticas de Familia y Diversidad, Ernesto Sainz Lanchares.

Para el desarrollo del Plan en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, se han previsto más de 13 millones de euros y para su seguimiento se han establecido evaluaciones anuales a través de las Comisiones del ‘Foro para la Integración y Participación Social de los Ciudadanos y Ciudadanas Inmigrantes en el País Vasco’.

Según ha explicado la consejera, con este plan, “Euskadi promueve su cohesión social y la solidaridad con los colectivos socialmente más desfavorecidos, respetando la diversidad de todas las personas y culturas y potenciando un contexto de interacción social positiva”, de manera que se sitúa “a la vanguardia europea de la solidaridad y de la cohesión social”.

Artolazabal ha recordado, en su intervención, que “en pocas décadas Euskadi ha pasado de ser una sociedad históricamente pobre y emigrante, a otra moderna, más rica, plural y cohesionada”. “Afortunadamente, todo indica que lo va a seguir siendo, a menos a corto y medio plazo, lo que nos tiene que indicar que la inmigración extranjera es algo habitual, como en toda Europa”, ha agregado.

La consejera ha subrayado que “la creciente diversidad cultural, lejos de ser un fenómeno coyuntural, es una de las claves estructurales que van a definir la sociedad vasca del futuro y ese talante abierto a las culturas, de respeto a las personas, hace de Euskadi un país más cohesionado, y con mayor proyección de futuro dentro de Europa y del mundo”.

Artolazabal ha remarcado que Euskadi entra en un nuevo ciclo demográfico, “al igual que una parte relevante de la Unión Europea”, pero “intensificado” con una menor tasa de natalidad y con “una ausencia histórica de políticas familiares hasta finales del pasado siglo”.

En este sentido, ha recordado que el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familia y a la Infancia “está en marcha y es continuador de los precedentes en la materia”, pero Euskadi necesita también de los flujos migratorios para “hacer frente al reto demográfico”.

A su entender, “el verdadero reto de nuestro futuro pasa por nuestra capacidad para construir una sociedad que garantice y exija derechos y deberes a todas las personas que la componen, independientemente de su origen”.

En este marco, ha señalado que el plan “gestiona un fenómeno social estructural que va a marcar el devenir de la sociedad vasca y europea y tiene en cuenta la creciente diversidad de nuestra comunidad”, con factores como “derechos y deberes, igualdad de trato y no discriminación, respeto a la diversidad cultural, convivencia intercultural, inclusión, integración y cohesión social”.

“La inmigración es una realidad presente y futura en una sociedad globalizada. Ha llegado, y lo seguirá haciendo, a Euskadi de forma constante”, ha advertido Beatriz Artolazabal, que ha detallado que, según los datos provisionales del padrón a 1 de enero de 2018, la población de origen extranjero residente en Euskadi ha aumentado en 9.586 personas y se sitúa en 206.175 personas, un 9,4% del total de la población residente.

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Araba es el Territorio con mayor porcentaje de población de origen extranjero, con un 11,3% de sus ciudadanos. Le sigue Gipuzkoa, con un 9,5%, mientras que en Bizkaia se eleva al 8,8%.

La consejera ha explicado que, “en la inmigración actual, son la familia y el sector servicios quienes reclaman esa mano de obra y, por ello, llegan más mujeres que reclaman a su vez a otras mujeres, y luego reagrupan a sus familias”. “El actual modelo vasco descansa en la feminización relativa de los flujos. Se basa en una mujer de origen latinoamericano preferentemente”, ha comentado.

MEDIDAS

Artolazabal ha destacado el “carácter colaborativo” del nuevo plan ya que se han realizado más de 40 entrevistas personales, también con los grupos parlamentarios, doce reuniones grupales en el seno del ‘Foro para la Integración y Participación Social de los Ciudadanos y Ciudadanas Inmigrantes en el País Vasco’ y doce “reuniones de contraste” con ocho departamentos del Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y Eudel.

El plan tiene como “principios específicos” la igualdad, derechos humanos y no discriminación, la interacción “con la pedagogía urbana de la interculturalidad”, la cohesión social, y solidaridad para “la universalidad de la educación, de la sanidad o de las prestaciones sociales básicas”.

El Plan recoge una serie de medidas estratégicas, organizativas y programáticas en los ámbitos educativo, del empleo y formación, convivencia, salud, vivienda y jurídico. Para ello, desarrolla acciones agrupadas, con 26 medidas, dirigidas a colectivos específicos “especialmente vulnerables, en mayor riesgo de exclusión o con mayor probabilidad de sufrir marginación”.

“INMIGRACION LEGAL”

La consejera ha incidido en que el Gobierno Vasco “trabaja para promover una inmigración legal, procurar una respuesta adecuada a las personas refugiadas, articular los recursos necesarios para responder solidaria y humanitariamente a la llegada no regulada de migrantes, coordinar y optimizar las respuestas de acogida e integración a las personas migrantes, con especial atención a MENA y JENA, y para impulsar el Pacto Social Vasco para la Migración”.

El objetivo de ese pacto social, ha destacado, consiste en “alinear a todas las personas en favor de una pedagogía de acogida e integración basada en la solidaridad y la corresponsabilidad”.

En esta línea, ha incidido en que el Pacto Social Vasco para la Migración es un “instrumento clave para la mejora de la convivencia, el fomento de la igualdad en la diversidad, la lucha contra la discriminación y exclusión social y la salvaguarda de nuestro modelo de sociedad”, en un contexto europeo en el que “se detectan diferentes formas de xenofobia institucional y social”.

En este sentido, se ha referido a la llegada desde este pasado verano de personas migrantes en tránsito desde el sur de la Península hacia el Norte de Europa, una situación ante la que, “desde el Gobierno Vasco, junto con el resto de las Instituciones vascas, y con el apoyo de organizaciones como Cruz Roja Euskadi, ofrecemos una respuesta ágil y humanitaria para atender solidariamente a estas personas”. Este modelo, ha subrayado, ha sido “elogiado” por otras comunidades autónomas y por las propias instituciones de la Unión Europea".