E. J. BLASCO

LONDRES. En su último cartucho para intentar parar una hemorragia de votos, Tony Blair se presentó ayer en el Parlamento con un plan para endurecer la política de deportaciones. De acuerdo con las nuevas medidas, detalladas por el ministro del Interior, Charles Clarke, se establecerá la presunción de que todo extranjero condenado a prisión será deportado, reduciéndose las excepciones a circunstancias muy especiales. La nacionalidad de los detenidos se establecerá al principio del proceso judicial y su deportación será analizada antes de cumplir la condena.

De acuerdo con el plan, se procurará que la sentencia sea ejecutada en los distintos países de origen. El Reino Unido está en negociaciones con el fin de aumentar la lista de 90 Estados con los que ya existe un acuerdo para la transferencia de condenados. Londres apoya además una directiva de la UE para la repatriación de presos comunitarios sin que se requiera su consentimiento.

Los conservadores advirtieron de que el plan no salva la cara del Gobierno, ya que con la actual legislación, que da plena autoridad a Interior a proceder a cualquier deportación, podía haberse evitado el actual descontrol.

Blair indicó que el sistema falla desde hace décadas, respuesta que fue calificada de «patética» por el líder conservador, David Cameron. «El escándalo ha sucedido bajo su vigilancia y usted es responsable», manifestó Cameron.