Nueva York – El daño para la economía de Estados Unidos podría haber sido
enorme. Por valor de unos 1.250 millones de dólares. Todo ello si los casi
12 millones de inmigrantes en situación ilegal hubiesen parado en sus
trabajos en algún momento el pasado 1 de mayo. Tendrían que no haber
trabajado y no haber comprado, es decir, no se hubiesen hecho servicios de
envíos, no se hubiesen construido edificios, no se hubiese trabajado en
las fábricas, no se hubiesen atendido las cocinas de los restaurantes, ni
tampoco servido las comidas.
   Tampoco, gastado. Pero los datos sobre
el impacto en la economía estadounidense son todavía poco claros. Es
cierto que el pasado lunes alrededor de un millón de inmigrantes se
echaron a las calles de las ciudades de Estados Unidos para protestar por
una ley de inmigración que convertiría en criminales a todos los
trabajadores que se hallan en situación ilegal, pero también es claro que
lo que no se hizo el primer día de esta semana se hará en los próximos
días.
   Cientos de miles abandonaron sus trabajos, otros no
acudieron a sus empleos. Si los analistas no tienen claro todavía cuál ha
sido el impacto del parón y las manifestaciones del pasado lunes a lo
largo del país, Tom Tancreado, líder de los miembros de la Cámara de
Representantes que se oponen a rebajar la reforma migratoria propuesta por
el propio George W. Bush, presidente de Estados Unidos, admitió que «no
podía estar más feliz con estas propuestas porque, en cada segundo que
ocurre algo así, las encuestas muestran que más y más estadounidenses
están en contra de este tipo de manifestantes y lo que sea que es que
ellos demandan».
   Las asociaciones de grupos civiles ya han
salido al paso ante estas declaraciones de los republicanos más
conservadores. Nunca quisieron amenazar al país que las acoge y las da
trabajo. Simplemente quieren demostrar su fuerza y mandar el mensaje de
que sin ellos se puede ir abajo. Eso sí, las cifras no perdonan. Son casi
12 los millones de personas que se encuentran en situación ilegal en el
país y 7,2 los que, según el Pew Hispanic Center, trabajan de forma
irregular en el país, los cuales representan casi el cinco por ciento de
la clase trabajadora en EE UU.
   Los datos de la Cámara de Comercio
Hispana de EE UU estiman que los dos millones de pequeños empresarios
hispanos que hay en el país contribuyen con alrededor de 300.000 millones
de dólares a la economía. Tras las últimas manifestaciones, es el turno
del Congreso de hacer encajar la dura reforma migratoria, aprobada en la
Cámara de Representantes, con las modificaciones que se han propuesto en
el Senado para aligerar dicha reforma. Bush ya lo advirtió a sus senadores
hace semanas cuando vio que eran incapaces de ponerse de acuerdo. «No me
subestiméis», les dijo. Por ahora, les ha puesto la fecha límite para
llegar a una solución en un mes.
   Mientras, la presión de los
gobiernos iberoamericanos para que Washington rebaje la tensión migratoria
prosigue. Así, los cancilleres de ocho países – México, Colombia, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana – pidieron ayer en Washington que el Congreso apruebe una reforma
migratoria integral, que legalice la situación de los «sin papeles».