El ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, acudió ayer al Parlamento para defender personalmente el nuevo proyecto de ley de inmigración, que endurece las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en Francia con el objetivo declarado de instaurar una inmigración “elegida”, en lugar de “sufrida”.
El texto, que la izquierda rechaza en su totalidad y que ha sido denunciado por las asociaciones de inmigrantes, pretende hacer que se correspondan “las capacidades de acogida de Francia con sus necesidades económicas”, subrayó Sarkozy. Se trata de fomentar sobre todo la llegada de extranjeros con criterios de competencia profesional. Acusado de buscar el voto de la ultraderecha, Sarkozy dijo que “la ‘inmigración cero’ es un mito peligroso, contrario a la historia de Francia”.
Pero rechazó “con firmeza las operaciones globales de regularización” y citó como malos ejemplos las recientes regularizaciones en Italia y España. “Un extranjero en situación irregular no tiene por qué residir en Francia, sino volver a su país”, dijo Sarkozy para justificar la supresión de la regularización automática tras 10 años de estancia en Francia. Sólo quienes lleven 18 meses de residencia y tengan un salario de 1.200 euros podrán aspirar a la reagrupación familiar.