Los más de siete millones de europeos que viven en otro estado miembro diferente al suyo podrán decir adiós al permiso de residencia. A partir de ahora, bastará con un pasaporte o un carné de identidad, para que cualquier europeo y su familia puedan circular y residir de manera legal en cualquier país miembro.Eso sí, deberán demostrar que tienen recursos económicos y seguro médico completo para no ser una carga para el país de acogida.

Según explicaba el comisario de Justicia e Interior, Franco Frattini, la directiva que ha entrado en vigor este mes implica ventajas «reales y concretas» como la reducción de las formalidades burocráticas al establecerse en otro país, ya que bastará con un simple registro, sólo en los países que así lo requieran. Sin embargo, se mantiene la obligación de ser económicamente independiente, acreditando un trabajo o recursos suficientes para sobrevivir, así como la necesidad de un seguro médico completo para no convertirse en una carga para el sistema de Seguridad Social del país de acogida.Esta obligación, no obstante, desaparece al cabo de 5 años de residencia en el país, ya que a partir de ese momento se adquiere un derecho de residencia permanente sin condiciones.

Además, en los cinco primeros años de estancia un ciudadano europeo sólo podrá ser expulsado a otro país si ha atentado contra el orden público o la seguridad nacional. Y, también con carácter novedoso, la directiva concede los mismos derechos a las parejas de hecho y a los cónyuges homosexuales en los países donde se reconozcan estas uniones.

Reagrupamiento familiar

La directiva mejora también los derechos al reagrupamiento familiar de los ciudadanos de la UE para las parejas procedentes de países terceros, siempre que el Estado de acogida la considere equivalente al matrimonio y, por primera vez, los miembros de la familia tendrán derechos autónomos de residencia en caso de divorcio o muerte del ciudadano de la UE.

Según Frattini, la entrada en vigor de la directiva supone un «hito en la integración comunitaria», ya que aunque hay muchos países que todavía no han hecho sus deberes, la directiva es de aplicación obligatoria y «todos los ayuntamientos y todas las regiones están obligadas a reconocer y garantizar estos derechos individuales incluso aunque en ese estado miembro la directiva no se haya transpuesto todavía».

Este es el caso de muchos países ya que, por ahora, y a pesar de que el plazo venció el 30 de abril, sólo Austria, Eslovenia y Eslovaquia han cumplido. Reino Unido, Dinamarca, España y Francia están en trámites, mientras que Bélgica, Italia, Finlandia y Luxemburgo ya han anunciado que no llegarán a tiempo. Pero, en el peor de los casos, la directiva reconoce el derecho de los ciudadanos a recurrir a los tribunales nacionales en caso de incumplimiento.