Puerto del Rosario
Un vecino de El Castillo ha presentado una queja ante el Diputado del Común por lo que cree «arbitrariedad y vulneración del derecho de igualdad» del Ayuntamiento de Antigua contra él. E incluso va más lejos, acusando a su alcalde, Juan José Cazorla, de conducta racista y xenófoba.

Un vecino de El Castillo ha presentado una queja ante el Diputado del Común por lo que cree «arbitrariedad y vulneración del derecho de igualdad» del Ayuntamiento de Antigua contra él. E incluso va más lejos, acusando a su alcalde, Juan José Cazorla, de conducta racista y xenófoba.

Milton Jesús Polo vive en una urbanización en Caleta de Fuste compuesta por 28 viviendas unifamiliares adosadas de reciente construcción. Según asegura, a excepción de 6 o 7, todas han realizado reformas sin contar con la preceptiva licencia municipal. Varios propietarios, incluido él mismo, han cerrado la terraza para ampliar la casa, en lo que se considera construcción de una segunda planta.

«Cuando compramos la vivienda, el promotor nos dijo que no había problemas para hacer la reforma, y nos mostró cómo varios propietarios ya la estaban haciendo sin problemas. Reconozco que yo no tenía licencia municipal, pero no es justo que lo hayamos hecho la mayoría y yo sea el único denunciado», critica.

Se acaba el plazo. En 15 días se vence el plazo dado por el Ayuntamiento para que derribe todo lo construido ilegalmente, quien además tendrá que pagar 72.121 euros de multa. Una cantidad que a Milton Jesús le parece además desproporcionada. «Yo soy cocinero y mi mujer recepcionista de hotel. Es una injusticia que sólo nos denuncien a nosotros, y no a otros vecinos que han hecho lo mismo, por no ser amigos del alcalde o no tener tantas influencias y dinero como otros».

Desde el Ayuntamiento de Antigua se ha negado que exista un trato discriminatorio contra este vecino, asegurando que hay expedientes abiertos a otros residentes infractores.
Una infracción no justifica otra

En la notificación municipal remitida a Milton Jesús Polo, la secretaria no da lugar a dudas de la legalidad de la sanción que se le ha impuesto. Y se basa para ello en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para certificar que «no cabe invocar el principio de igualdad en la ilegalidad sin que pueda servir para perpetuar situaciones contrarias a lo previsto por el ordenamiento jurídico». O lo que es lo mismo: el que otros hagan las cosas ilegalmente no justifica que usted también las pueda hacer. Y según fuentes municipales, se está actuando con la misma dureza contra todas las construcciones ilegales.