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>> El informe denuncia las malas condiciones del centro majorero

J.M.P. / Santa Cruz de Tenerife

El texto recuerda el informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa e insiste en su recomendación de cerrar «inmediatamente» el centro de menores extranjeros no acompañados de Llanos Pelados, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, donde los niños y jóvenes viven en «barracones prefabricados que en encuentran en pésimas condiciones, junto a un vertedero municipal, sin reunir unas mínimas condiciones de salubridad».

Otras dificultades con las que se encuentra este colectivo es que «desconocen el idioma, carecen de referentes familiares, ya que son menores sin familia ni domicilio fijo en España, lo que impide la concesión de permisos y salidas, por existir altos índices de fuga y les resulta prácticamente imposible ejercer una actividad laboral, ya que no se les concede permiso de residencia». A ello añade frecuentes episodios de delincuencia y «un rechazo frontal» de la población local a que los centros de menores se ubiquen en núcleos urbanos. El Diputado del Común comparte con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la «necesidad de poner en marcha de forma eficaz el registro central de menores extranjeros en situación de desamparo, ya que en los centros de acogida del archipiélago los menores son agrupados sin ningún criterio por razón de edad, cultura o procedencia, y la gestión de los mismos está a cargo de organizaciones no gubernamentales que actúan con voluntad, pero sin la profesionalidad deseada».
un Régimen fallido
(Foto: canarias7)AMPLIAR

Informe. Manuel Alcaine denuncia la situación de los menores.

n Semiabierto. El panorama de la política del régimen semiabierto también es desalentador, para esta institución. «Sigue siendo prácticamente difuso, ya que se viene ejecutando en los mismos centros en los que existe régimen cerrado y lejos de los núcleos urbanos de población que imposibilita la integración del menor en el medio social de forma progresiva».

n Agresiones. Respecto a la vida de los menores en general en las islas, alerta sobre dos fenómenos recientes. En primer lugar, «un porcentaje bastante elevado de víctimas de agresión entre iguales» en el interior o exteriores de sus correspondientes centros escolares. En segundo lugar, alerta del «maltrato de los hijos hacia sus progenitores, se está convirtiendo en un hecho creciente en nuestras islas».
Once meses para reducir la violencia en los centros
(Foto: canarias7)AMPLIAR

Protección al Menor y la Familia. José Luis Arregui, junto a la consejera Marisa Zamora.

Han pasado 11 meses desde que el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis (de Coalición Canaria), rompiera con sus socios del PP, tras 10 años de entendimiento, y anunciara la inmediata solución del caos que imperaba en los centros de menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales. Dos muertes (consideradas ahora suicidios), violaciones, malos tratos, palizas, incendios, motines, fugas, quema de compañeros, consumo de estupefacientes ya no forman parte de los sumarios de los medios de comunicación y parece difícil valorar si se trata del éxito de un blindaje informativo o de una nueva gestión. Dos de estos centros cerraron por orden judicial, porque peligraba la integridad de los jóvenes. Con la expulsión del PP del Gobierno, la veterana nacionalista Marisa Zamora tomó las riendas de la política social e integró en la Dirección General de Protección al Menor y la Familia a José Luis Arregui, quien asegura haber desactivado esta «bomba de relojería». Además de reducir el número de vigilantes de seguridad que convivían con los chicos en los centros, de expulsar a 21 educadores con antecedentes penales y de cambiar a casi todos los cuadros directivos, Arregui contrató como asesores a los directores de las prisiones Tenerife II y Salto del Negro. De su mano, los centros de menores han dejado de ser noticia de la sección de sucesos y situarse «al mismo nivel del resto de comunidades», según reconoció a este periódico.

El alto cargo contratado por los nacionalistas para resolver una de las peores crisis de la presente legislatura revela que, parte del éxito de esta primera fase de erradicación de la violencia en los centros, ha estado en «dar confianza a los jóvenes, eliminar los elementos carcelarios y reducir a la mitad las puertas con barrotes» que diferenciaban las distintas zonas de los centros.
En Canarias hay unos mil niños y jóvenes delincuentes

En Canarias hay más de 1.000 niños y jóvenes delincuentes de entre 16 y 21 años sometidos a medidas judiciales, unos 743 en centros abiertos (de los que 460 están en libertad vigilada). Otros 257, de ellos 17 extranjeros, viven en régimen cerrado o semiabierto en cuatro centros: En Tenerife lo hacen 137 en Valle Tabares II (12 chicas, 50 en régimen cerrado y 75 en semiabierto) y 16 en régimen semiabierto en Hierbabuena, mientras en Gran Canaria hay registrados 80 en La Montañeta (75 en régimen semiabierto y 5 chicas) y 24 en régimen cerrado en Gáldar.

«La tensión ha desaparecido totalmente», insiste Arregui. Las gráficas en las que sustenta sus declaraciones indican un repunte de la violencia en los centros en agosto pasado (más de 65 incidentes) pero una caída hasta menos de 20 a finales de año. Las amenazas pasaron de 25 en septiembre a 5 en diciembre y los insultos de 20 en julio a prácticamente ninguno al finalizar el año. Lo mismo ha ocurrido con episodios de falta de respeto, resistencia a la autoridad, desobediencia, faltas graves y muy graves.