El boicot al que estuvieron llamados ayer los millones de hispanos que residen en territorio de Estados Unidos tiene como principal motivo denunciar un controvertido proyecto de ley que ha puesto de relieve la necesidad de una reforma migratoria.

La propuesta fue presentada el pasado año por el legislador James Sensenbrener, del gobernante Partido Republicano, y aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre. Entre otras medidas, autoriza la construcción de un doble muro en varios tramos de la frontera con México. Además, en aras de la seguridad nacional norteamericana, el texto también contiene cláusulas que convierten en criminales a los inmigrantes indocumentados y penaliza a quienes les contraten u ofrezcan cualquier clase de servicios sociales.

El Senado, más moderado en sus planteamientos, analiza por su parte medidas que incluyen la creación de un programa de trabajadores temporales y una vía hacia la legalización de buena parte de la población indocumentada, siempre que cumpla una serie de requisitos.

De cualquier forma, todas las medidas que salgan de la Cámara Alta, posiblemente a finales de mayo, tendrá que ser homologada con la que aprobó el Congreso para convertirse en ley.

En las últimas semanas, el presidente, George W. Bush, ha reconocido que el debate migratorio suscita pasiones entre grupos a favor y en contra de la legalización de los millones de residentes clandestinos, pero ha insistido en que el Parlamento le envíe un proyecto de reforma antes de fin de año.