«MI padre es mayor y tiene párkinson. Mi madre falleció hace dos años y teníamos la necesidad de encontrar alguien que lo atendiera de forma interna, pero no hay trabajadoras españolas interesadas. Por eso recurrimos a María». María es peruana y hace tan sólo cuatro meses que trabaja para la familia malagueña que relata esta historia. Allí dejó a dos hijos de 10 y 15 años con la idea de traerlos cuando ahorre lo suficiente. Es de los pocos casos en los que la familia recurre a trabajadores en su país de origen.

Inicialmente el cabeza de familia era reticente porque sólo contaba con las referencias de una tía suya que trabajaba como empleada de hogar para un familiar. «Tuvimos que convencerlo de que María era de máxima confianza. Además, no podíamos permitir esperar los nueve meses que tardó en venir», afirma su hijo. El gran problema de contactar con los inmigrantes en su país de origen es el tiempo. La familia que contrató a María solicitó el pertinente permiso en la Subdelegación del Gobierno en Málaga en el mes de febrero de 2005. Dieron de alta a su padre como empleador y pidieron el permiso de trabajo y residencia para María, para lo que necesitaron algunos papeles, entre ellos, el pasaporte. Sin embargo, la llegada de María se demoró hasta el pasado mes de octubre. «Lo normal es que tarde más de un año, aunque nosotros hicimos una pequeña trampa para acelerar los trámites». La familia insiste en que la burocracia es demasiado lenta para este tipo de casos, «sobre todo teniendo en cuenta la situación tan mala que tienen estas personas en su país de origen».