EMILIO DÍAZ MUÑOZ

Secretario regional de FERE – CECA

El pasado viernes los colegios públicos y concertados publicaron sus listas provisionales de alumnos admitidos para el próximo curso, a pesar de la informática. Nos tocó vivir un día de esos que amanecen entre el desasosiego e inquietud de miles de familias que pretenden la mejor escolarización para sus hijos, y que anochece con la satisfacción de unos, la incógnita de algunos, y la decepción de otros.

Desde hace mucho, la publicación de listas tiene el valor añadido de permitirnos observar y conocer tendencias sociales, querencias y voluntades de las familias… Viene a ser un plebiscito popular en toda regla que aporta información sobre lo que denominamos «demanda social escolar». Hasta la fecha, el resultado del plebiscito no ha ofrecido duda: los padres madrileños han podido elegir, y lo han hecho de forma abrumadora eligiendo escuela concertada. En el último proceso, 2 de cada 3 solicitudes se dirigían a este tipo de colegios. Las previsiones para el presente no se alejan. Más bien al contrario, se tiene la percepción de que esta demanda aumenta. Un «mensaje a navegantes».

Poder elegir es algo que guarda relación directa con la dignidad individual, con la madurez ciudadana, con el ejercicio de derechos individuales,… y con la obligación de los gobiernos de respetar ese ejercicio y de promover esos derechos, hasta el punto de que se consoliden como verdaderas libertades públicas. Hoy día, en Madrid, pueden elegir todos los ciudadanos, con independencia de su estatus social y cultural, de su procedencia, de sus creencias… Hoy día, la población inmigrante, por citar un colectivo que suele ser invocado a veces de forma demagógica, puede elegir. Sin ir más lejos, y según datos oficiales, más del 70% de los inmigrantes han escolarizado a sus hijos nacidos en España en centros concertados. Un dato que disipará los temores expresados por la nueva ministra cuando insinuaba que algunos centros «elegían» a sus alumnos.

En definitiva, con LOE o sin ella, los gobiernos tienen el deber y responsabilidad de ser sensibles a esa demanda social y de propiciar la capacidad de elección como derecho fundamental del ciudadano. La política de la Comunidad es sensible a esta necesidad. El mecanismo legal de aumento de alumnos por clase puede permitir la satisfacción del derecho expresado por unos cuantos miles de ciudadanos cuyos hijos, en principio, quedarían excluidos de las listas. Pero no nos engañemos. En materia de admisión de alumnos, la Consejería tiene mucho que aprender. El día en que encauce a las comisiones de escolarización y suprima las reservas de plazas, podremos decir que ha aprobado la asignatura… Y la LOE le va a obligar a ello. Y por supuesto, si logra arreglar el programa informático, incluso igual aprueba con nota.