Atrapado entre dos fuegos en el debate de la inmigración, Bush tuvo ayer a su flanco, en la rosaleda de la Casa Blanca, que horas antes se había desmarcado con unas declaraciones a favor de la versión en español del himno norteamericano. Bush es partidario de paliar el problema de la inmigración ilegal con permisos para ‘trabajadores temporales’ («guest workers») y de facilitar que una parte de los 11 millones de indocumentados se queden en le país pagando una multa a cambio. La línea dura del Partido Republicano impulsó la polémica legislación aprobada el 16 de diciembre en el Congreso y que ha provocado la oleada de manifestaciones. Aunque el Senado puede corregir aún los aspectos más controvertidos de la ley, los ultraconservadores republicanos están presionando para que se mantenga la criminalización de los inmigrantes ilegales (hasta ahora se consideraba como una falta menor la permanencia sin papeles en el país), así como la ayuda humanitaria a los indocumentados. La nueva ley prevé duras sanciones económicas para las empresas que den empleo a los sin papeles. Bush está en contra de construir muros en las fronteras pero quiere redoblar el número de agentes en ellas y rechaza amnistías para los ilegales.