El Pleno del Congreso español ha dado luz verde al decreto de universalización de la sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los migrantes sin papeles en las mismas condiciones que los ciudadanos del Estado, sin que tengan necesidad de justificar su residencia.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido en la Cámara Baja la urgencia que había para utilizar la fórmula del real decreto – ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria, que dejó sin tarjeta sanitaria a los migrantes sin papeles, que ahora queda parcialmente derogada. 

La norma, según Montón, representa un «auténtico» cambio de modelo en la asistencia sanitaria en el Estado, ya que la titularidad del derecho a la salud se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado o beneficiario.

«Para el anterior Gobierno era urgente recortar derechos; para el Gobierno actual, es urgente recuperarlos», ha afirmado.

La norma reconoce al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, en tanto que las comunidades autonómicas serán las encargadas de tramitar las solicitudes y expedir las tarjetas sanitarias que acrediten a los migrantes sin papeles como residentes para poder recibir la prestación asistencial.

Para ello, el Ministerio ya ha enviado a las comunidades una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma, y estas ya han planteado sus aportaciones, como que la asistencia será gratuita en el periodo que hay entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. 

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional tumbó en febrero la ley que garantizaba la sanidad universal en Nafarroa, e hizo lo propio en diciembre de 2017 con la normativa aprobada por el Parlamento de Gasteiz por la que se garantizaba la asistencia a las personas sin papeles en Osakidetza.