Desde estas páginas hemos criticado en repetidas ocasiones que el Gobierno dedicara tantas energías a crear problemas artificiales y tan pocas a resolver problemas reales. La reforma laboral, una de las asignaturas pendientes más importantes de nuestra economía, es un ejemplo perfecto de esta manera de entender el ejercicio de la política. Al Gobierno, y concretamente al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, les hubiera gustado llegar a esta nueva festividad del Primero de Mayo con un acuerdo serio, razonable y ambicioso bajo el brazo. Pero la realidad es que el diálogo social lleva dos años empantanado y que no será hasta dentro de un par de semanas cuando el Ejecutivo podrá por fin anunciar algunas de las medidas que ha conseguido pactar con los sindicatos.Medidas que no cuentan con el apoyo de los empresarios – el convulso proceso electoral vivido en el seno de la CEOE se ha unido a la condescendencia del Gobierno con los sindicatos para enajenar el imprescindible apoyo de la patronal – y que, lo que es más grave, van en sentido contrario de la necesaria flexibilización del mercado laboral.

Prueba de ello es la medida estrella que pretende anunciar Caldera: la propuesta que se está negociando consiste en limitar el encadenamiento de contratos de forma que un trabajador que ocupe un mismo puesto durante dos años habiendo firmado dos o más contratos temporales pasará, automáticamente, a gozar de un contrato indefinido. El abuso de los contratos temporales por parte de los empresarios es sin duda una lacra que todo Gobierno tiene la obligación de perseguir. La tasa de temporalidad española sigue siendo la más alta de Europa, un 33%, y curiosamente ha aumentado desde la llegada del PSOE al Gobierno, en contra de todas sus promesas electorales y pronósticos.

Sin embargo, una vez más y como ocurrió en el caso de la regularización de inmigrantes, el Gobierno sucumbe ante la demagogia fácil y confunde la solución. Impone a las empresas unas exigencias que pueden acabar o bien inhibiéndolas a la hora de contratar nuevos trabajadores, o bien empujándolas a aumentar la rotación, que no beneficia a la formación de una mano de obra cualificada.

En lugar de avanzar hacia la necesaria flexibilización, por ejemplo mediante incentivos a la movilidad o contratos para jóvenes, el Gobierno introduce elementos que ahondan en la ya excesiva rigidez del mercado laboral. Y ello en un momento en que los datos macroeconómicos apuntan, si no hacia un repentino cambio de ciclo, sí hacia un deterioro de la situación. La economía española crecerá este año en torno al 3%, en buena medida porque mantiene la inercia de los años dorados de Rato. Pero la falta de reformas estructurales ya se empieza a notar. Ahí están el pésimo dato de inflación, que sigue obstinadamente instalada en el entorno del 4%, el déficit por cuenta corriente, que está reduciendo aún más nuestra competitividad, y el preocupante incremento de la tasa de paro en abril. Juntos, constituyen una llamada de atención muy seria que el Gobierno no puede ignorar. Hoy entra en vigor la norma que permite a los trabajadores de Europa del Este entrar en España sin visado. Un mercado laboral rígido, diseñado a la medida de los sindicatos y de espaldas a la patronal, difícilmente será capaz de integrar y encauzar esa nueva masa laboral.