En un nuevo ataque contra inmigrantes hispanos, la Administración Trump acusa a cientos de ciudadanos que viven a lo largo de la frontera sur de tener certificados de nacimiento falsos y les retira los pasaportes o deniega sus renovaciones. En algunos casos incluso han sido detenidos y sometidos a procesos de deportación. En otros, a personas con nacionalidad estadounidense, se les ha denegado el reingreso en el país después de haber visitado México, impidiéndoles así volver a sus hogares.

Esta campaña se ha centrado en los últimos meses en regiones donde residen muchos norteamericanos con lazos familiares y culturales con México, en general personas de bajos ingresos. La misma zona donde el presidente sigue empeñado en construir una valla y donde meses atrás la política de tolerancia cero llevo a la separación de miles de familias inmigrantes.

El Departamento de Estado asegura que la región fronteriza registra una alta incidencia de casos de ciudadanía fraudulenta. Argumenta que entre 1950 y 1990 algunos médicos y matronas proveyeron de certificados de nacimiento a bebés nacidos en México. Para ello se basa en varias sentencias de tribunales federales de la década de los 90, ante los que algunos sanitarios admitieron haber falsificado documentos. Por ello, durante las administraciones de Bush y Obama se denegaron pasaportes a personas nacidas con matronas, una practica muy común en la región debido a los altos costes de los hospitales.

Las autoridades han denegado documentos también a niños que fueron asistidos en su nacimiento por el reconocido ginecólogo Jorge Treviño, a quien un obituario en un periódico local le atribuía haber intervenido en 15.000 partos. Jaime Díez, abogado que defiende a varios de los ciudadanos afectados por la medida, señala que la Administración dice tener una declaración de un médico mexicano que prueba que la consulta de Treviño expidió al menos un certificado de nacimiento fraudulento.

Una demanda de la Unión de Libertades Civiles contra el Gobierno federal terminó en un acuerdo en 2009 y con ello la retirada de los pasaportes en litigio. Durante el mandato de Obama las solicitudes de documentación disminuyeron y se revolvieron con rapidez las quejas.

Con la llegada de Trump, sin embargo, los casos de rechazo de las peticiones de nueva documentación y la anulación de los existentes se ha incrementado abruptamente como parte de una operación de mayor alcance que cuestiona la ciudadanía de personas que siempre han vivido, votado y trabajado en Estados Unidos.

El Departamento de Estado señala que se evitará proveer de documentación adicional a ciudadanos con certificados de nacimiento otorgados por médicos y matronas sospechosos de actividades fraudulentas, así como a personas con documentación expedida en países extranjeros. Añade que solo se les ha negado el pasaporte a aquellos que no han podido demostrar que nacieron en Estados Unidos y que no han aportado pruebas del cuidado médico prenatal de la madre, el certificado de bautismo y documentación sobre el pago de alquileres de décadas atrás.

En muchos casos los ciudadanos afectados son incluso agentes de la Patrulla Fronteriza. Han sido testigos de cómo agentes de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llegado a sus casas sin aviso y les han confiscado los pasaportes a pesar de carecer de órdenes judiciales.

Durante el pasado año también se ha expulsado del Ejército a residentes legales permanentes y se ha creado un grupo para revisar la ciudadanía de personas que pudieran haber mentido en su solicitud en décadas pasadas.

Esta campaña coincide con la presión de Trump para establecer regulaciones federales de identificación de votantes más estrictas, algo que afectaría masivamente a la misma gente a quienes se les deniega el pasaporte, en su mayoría hispanos que forman parte del electorado demócrata, sobre todo en el Estado fronterizo de Texas.