Mensaje de firmeza desde la Moncloa contra la inmigración ilegal 24 horas después de la devolución exprés a Marruecos de 116 de los 118 extracomunitarios que el miércoles entraron en Ceuta en uno de los asaltos a la valla más violentos de los últimos años y en el que resultaron heridos siete guardias civiles.

El Gobierno, afirmó la vicepresidenta, no va a «consentir de ninguna manera la inseguridad de las fronteras» y, mucho menos, episodios de «violencia y riesgo» para las fuerzas de seguridad como los vividos esta semana.

Carmen Calvo no ahorró epítetos para definir lo ocurrido en la ciudad autónoma el miércoles, cuando los agentes fueron agredidos con piedras, ácido de batería, cal viva y heces. «Inaceptable». «Entraron de manera irregular y agresiva». «Es una situación que no vamos a consentir», insistió.

La número dos del Gobierno defendió la legalidad de las expulsiones en virtud del acuerdo de devolución firmado en 1992 con Rabat. Los 116 deportados fueron «atendidos jurídicamente uno a uno, con todas las garantías propias de un Estado de derecho, se les informó de sus derechos y tuvieron un procedimiento de identificación particularizado», apuntó.

La vicepresidenta negó que el Ejecutivo tenga una política errática de extranjería por ofrecer la entrada a los inmigrantes del ‘Aquarius’ mientras deporta en menos de 24 horas a los extracomunitarios de Ceuta. Quiso dejar claro que se trata de dos situaciones «completamente distintas». Por un lado, se buscó dar una respuesta «segura y humanitaria» a los extracomunitarios rescatados del mar y, por otro, proteger las fronteras frente a un ataque «violento». «No hemos variado ni un solo ápice», apostilló.

Calvo no quiso – o no pudo – aclarar si el Gobierno volverá a repatriar a inmigrantes si hay más asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla. De hecho, altos cargos del Ejecutivo reconocieron ayer que desconocen si Rabat volverá a aceptar la aplicación del convenio de 1992 en el próximo salto.