Hace tiempo que venimos advirtiendo acerca de los riesgos que se ciernen sobre la economía española. Los datos hechos públicos ayer corroboran nuestra inquietud y deberían servir de acicate al Gobierno para impulsar las medidas de liberalización y dinamización, hasta ahora inexplicablemente postergadas. Según el indicador adelantado de abril, la inflación interanual se mantiene en el 3,9%, muy por encima de la media europea, con todo lo que supone en términos de pérdida de competitividad. Por si esto fuera poco, la tasa de paro del primer trimestre subió en 94.500 personas respecto al periodo anterior, y se acerca a los dos millones de desempleados, el 9,07% de la población activa. Es cierto que ha aumentado la creación de empleo. Y, sin embargo, la gran mayoría de esos nuevos puestos de trabajo son de baja calidad, empleos temporales ocupados en gran medida por inmigrantes. A esto se añade el mal comportamiento del empleo industrial, cuya nueva caída está relacionada con el creciente problema de la deslocalización que sufre nuestra economía en beneficio de los países del Este, donde la mano de obra es más barata pero tiene la misma o mejor formación. Si el Gobierno insiste en la política del avestruz y no aborda las reformas estructurales, incluida la del mercado laboral, el cambio de ciclo económico que ya se vislumbra en el horizonte puede pasarle a España una factura muy cuantiosa.