Los ministros del Interior de la UE instaron ayer a los Estados miembros a organizar más vuelos conjuntos de repatriación de inmigrantes ilegales y decidieron dar un mandato de coordinación de estas operaciones a la Agencia europea de control de fronteras exteriores.

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En unas conclusiones aprobadas ayer, sin debate, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior autorizó a la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para que coordine la organización de esos vuelos chárter conjuntos y preste la asistencia necesaria, de forma que se agilicen y faciliten los procedimientos.

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Para poder desarrollar esa tarea, la Agencia deberá tener acceso a la red de información y coordinación en Internet de los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros. Esta red debería utilizarse como plataforma de comunicaciones entre Frontex y los Estados miembros.

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A juicio de los ministros, es necesario que los países recurran «en mayor medida a los vuelos conjuntos como forma de demostrar que la Unión Europea está comprometida con las medidas de repatriaciones conjuntas que suponen una utilización más eficaz de los recursos, con el consiguiente aumento del porcentaje de repatriaciones».

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Por ello, piden a los Estados y a Frontex que definan los procedimientos prácticos de su cooperación para organizar y realizar los vuelos y «mantenerlos en continua revisión».

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Formación de funcionarios

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No obstante, el texto indica que se han demostrado los buenos resultados y la eficacia del modelo consistente en que el Estado miembro que organice el vuelo chárter dirija toda la operación, con la participación de los demás Estados miembros, modelo que deberá seguir aplicándose.

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Igualmente, la Agencia deberá elaborar modelos comunes de formación para los funcionarios que tienen responsabilidades en las expulsiones y organizando cursos específicos.

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En las conclusiones, el Consejo reitera que las operaciones conjuntas de repatriación deben organizarse «respetando plenamente los derechos humanos y la dignidad del repatriado».

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Otro aspecto que debería potenciarse es la participación de los funcionarios de enlace, los representantes diplomáticos y consulares de los Estados de la UE afectados y miembros de los correspondientes países de destino durante la organización y la realización de las operaciones conjuntas de repatriación.

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Por otra parte, los ministros europeos del Interior abandonaron la idea de reforzar la cooperación policial ante la imposibilidad de consensuar una norma que suponga un valor añadido a la situación actual.

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La propuesta retirada pretendía mejorar la cooperación policial de los Veinticinco, especialmente en las zonas transfronterizas, para lo que había que modificar el Convenio de Schengen, simplificando los trámites y ampliando los delitos por los que es posible esa colaboración. El objetivo era que los policías de un Estado pudieran traspasar la frontera a otro para continuar una investigación cuando se tratara de un delito castigado con un mínimo de 12 meses de cárcel.