París – La «inmigración escogida y no sufrida», horizonte que promete el
ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, en su nueva ley de
inmigración, no convence a muchos sectores, como las ONG y la oposición de
izquierdas. Pero quien ha elevado la voz de forma más nítida contra el
proyecto, cuya tramitación parlamentaria comienza la próxima semana, es la
Iglesia católica, en Francia por lo general muy discreta en el debate
público. Las autoridades de las iglesias cristianas galas (católica,
protestante y ortodoxa) han firmado una misiva común en la que critican
«las consecuencias que sufrirán tantos hombres y mujeres ya en situación
frágil» por el endurecimiento de las condiciones de admisión. Los
responsables religiosos acusan al proyecto de ley de «falta de realismo
desde el prisma práctico» y de «problemático en el plano humano». Este
dardo de los púlpitos, hace mucho daño al Gobierno de centroderecha y ha
creado un cierto cisma entre los conservadores. El diario «Le Figaro»,
cercano a las tesis de la Conferencia Episcopal, calificó ayer la actitud
de la Iglesia de «cruzada» y tachó algunos ecos eclesiales como cercanos a
la «extrema izquierda». El nuevo proyecto de ley, que acabará con la
tradicional política de acogida de Francia, prevé un contrato de
integración, por el que los recién llegados se comprometen a aprender la
lengua y respetar las leyes.
   Escoger a los más capacitados. También
vincula la entrega de permisos de residencia a las necesidades laborales
del país, cuantificadas anualmente por la Asamblea. «Francia debe poder
elegir a los inmigrantes en función de sus necesidades y de sus
posibilidades», explicó Nicolas Sarkozy. El objetivo de pasar de una
inmigración poco cualificada a una con mayor capacitación profesional
despierta las iras de la jerarquía eclesiástica, que lo interpreta como la
instauración de «una desigualdad» entre inmigrantes «de primera clase» y
otros más pobres y sin formación, «cuya situación será más difícil». El
Ejecutivo quiere frenar el flujo migratorio legal y acabar con el
clandestino. En 2004, 140.100 nuevas personas se instalaron en Francia,
5.000 más que el año anterior. El 72 por ciento de estos inmigrantes
tramitaron sus papeles por «motivos familiares». La nueva ley aumenta los
requisitos para conseguir la residencia en caso de matrimonio y de
reagrupamiento familiar.
   El ministro del Interior, padre de la
polémica reforma, respaldó ayer su ley como una «muralla contra el
racismo» y confirmó que aumentará hasta 25.000 las expulsiones de
indocumentados en 2006. Acusado de flirtear con los votantes de la extrema
derecha a un año de las presidenciales, el posible candidato argumentó que
el laxismo en inmigración ha hecho crecer el populismo. «Quien es acogido
debe respetar a quien le acoge», zanjó Sarkozy, en «Le Monde». «La mayoría
de democracias aplican la inmigración escogida y tienen menos racismo y
ultraderecha que nosotros», justifica. «Y si Le Pen dice que el sol es
amarillo, no puedo replicar que es azul», remachó el líder de la UMP.