EL pasado martes, España y Alemania se apuntaron un pequeño tanto al conseguir un acuerdo entre seis países de la Unión Europea para acoger entre todos a las 141 personas rescatadas por el Aquarius, que finalmente pudo atracar en la capital de Malta. El acuerdo no tenía precedentes, y tampoco sabemos si tendrá continuidad, pero ha puesto sobre la mesa la evidencia de que, si políticamente se quiere llegar a pactos para gestionar la acogida de migrantes, es posible hacerlo. En este contexto no deja de ser irónico que Italia, cuyo Gobierno ha cerrado sus puertos a los barcos de oenegés que rescatan náufragos en el Mediterráneo, haya decidido acoger a 20 inmigrantes del Aquarius.

Pero la solución hallada para estos rescatados puede ser una gota en el desierto. Las importantes discrepancias internas que afronta Europa con respecto a la política migratoria se mantienen, aunque podría decirse que la UE sufre más una crisis de acogida que una crisis de inmigrantes , como demuestran las estadísticas oficiales. Insistimos, ¿el acuerdo logrado para el Aquarius quiere decir que todos los estados de la UE han entendido que este es un problema que afecta a los Veintiocho? Nos tememos que la respuesta sigue siendo no, pero la solución alcanzada muestra que sí es posible llegar a consensos sobre el reparto de cuotas de distribución de inmigrantes .

En este contexto es lógico que España sea, con Francia y Alemania, el país que lidera esta nueva política, porque el problema le afecta cada vez más. Los flujos migratorios se están desplazando de Libia a Túnez y Marruecos, y de allí, cruzando el estrecho de Gibraltar, al sur de España. Del 1 de enero al 15 de julio de este año, 18.016 inmigrantes usaron esa vía para llegar a suelo europeo, con lo que España ya supera a Italia. Aunque el Gobierno italiano agite el fantasma migratorio con medias verdades y falsedades, la llegada de inmigrantes al país transalpino se ha reducido notablemente este año, durante el cual el 35% de los migrantes que han cruzado el Mediterráneo lo han hecho por el estrecho de Gibraltar. En este marco, Andalucía se declara desbordada y exige solidaridad autonómica. Sus centros están abarrotados y no es admisible acumular personas sin garantizarles un trato digno.

Y dentro de la problemática migratoria, el tema de los menores extranjeros requiere un tratamiento especial. Hace unos días la Generalitat anunció que sus equipamientos destinados a menores inmigrantes ya están ­sobreocupados y pidió más corresponsabilidad al Estado en este campo. La queja del Gobierno catalán es la misma que la del andaluz: es el conjunto del Estado el que ha de ser solidario. Lo que a escala europea se exige a todos los estados, a escala española debe ser exigido a todas las ­comunidades. El Gobierno central dice querer coordinar el reparto de los más de 8.000 menores no acompañados entre todas las autonomías, pero, hoy en día, Andalucía, Catalunya, Melilla y el País Vasco asumen toda la carga. Es decir, buenas intenciones, pero ninguna concreción práctica.

En Catalunya se ha contabilizado en lo que va de año la llegada de 1.462 niños y menores no acompañados, sólo 27 menos que en todo el año 2017. Faltan profesionales, faltan instalaciones, faltan familias de acogida, faltan empresas que ofrezcan empleo a estos jóvenes cuando dejan de estar tutelados, y la consecuencia de todo ello es que el 70% de esos menores acaban fuera de la protección pública, sea por falta de recursos o por decisión del propio menor. La conclusión evidente es que el actual sistema de acogida a menores no es sostenible.