ERENA CALVO

LAS PALMAS. Una semana. Es el plazo límite que se ha fijado el Ejecutivo central, según adelantaron la semana pasada fuentes policiales a este periódico, para desmantelar los dos centros de internamiento provisionales de Canarias. Información que fue confirmada ayer por el delegado del Gobierno en las Islas, José Segura. Estos centros se habilitaron a principios de marzo tras la avalancha de inmigrantes irregulares que ha dejado en el archipiélago desde que comenzó el año más de 4.500 indocumentados.

El motivo del cierre del acuartelamiento grancanario de La Isleta y de Las Raíces, en Tenerife, es el progresivo alivio que están experimentando todos los centros de las Islas tras las derivaciones de indocumentados a la Península. En estos momentos, los cinco centros del archipiélago acogen algo más de 800 irregulares, cifra inferior al cupo pactado entre el Estado y Canarias para esta Comunidad (alrededor de 1.500).

Cerca de 4.000 han sido trasladados ya a distintos puntos de la Península, igualando al total que se derivó durante todo el año pasado. Lo que ha supuesto un gasto de más de tres millones de euros, el 75 por ciento de lo que se invirtió en el mismo capítulo en 2005 (4.400.000 euros). Pero todavía habrá que derivar algún grupo más en las próximas semanas, según fuentes policiales, que han asegurado a ABC que los traslados se están llevando a cabo «todos los días».

Distribución por Comunidades

La Comunidad de Madrid ha recibido ya más de 700 de estos inmigrantes; la murciana, unos 400; y la valenciana, más de 600. Andalucía ha sido otro de sus principales destinos. La Península se ha convertido en la «casa de acogida» de todos menos de 170, que fueron repatriados a Mauritania.

Era un compromiso de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Aunque la semana pasada incidieron fuentes del Ejecutivo central en que no se había abandonado esta vía, lo cierto es que por el momento los esfuerzos han sido baldíos. En los próximos días viajará a África una delegación formada por miembros del Ejecutivo central y de la Unión Europea para tratar de activar convenios de repatriación con Malí y Senegal, puntos desde donde parten principalmente los inmigrantes hacia Canarias.

Esta era una de las reivindicaciones del Gobierno canario, que ha visto cómo los centros de las Islas no podían dar cobijo a todos los indocumentados que alcanzaban sus costas. El cierre de los centros provisionales, al menos, da cumplimiento a otras de las críticas del Ejecutivo canario, que no se ha cansado de repetir estos meses que la solución no era abrir más centros, sino cumplir con las derivaciones, según el principio de solidaridad con Canarias suscrito en 2002 por todas las Comunidades, o con las repatriaciones.

Sin embargo, en caso de que continuasen llegando más cayucos – desde el pasado domingo han arribado a las costas canarias tres barquillas con más de un centenar de indocumentados – , y a la vista de que no se retoman las repatriaciones, el internamiento de indocumentados en Las Raíces y La Isleta podría alargarse.

De hecho, la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, recordaba esta semana tras reunirse con representantes del Gobierno canario, la capacidad de acogida de los centros en las Islas, «incluyendo los acuartelamientos y un nuevo centro que se habilitará en Lanzarote», para lo que, dijo, se ha destinado este año un presupuesto de 2.700.000 euros.

Plan conjunto Canarias – Estado

Actuaciones que destacó dentro de las medidas incorporadas en el Plan conjunto de Inmigración Canarias – Estado, rubricado en junio del año pasado por el ministro Caldera en el archipiélago, y que cuenta con una dotación de 190 millones. Un Plan que en la práctica ha sido calificado tanto por miembros del PP, como de CC, y del Ejecutivo canario, como papel mojado en reiteradas ocasiones. Aunque ayer el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, defendió en el Parlamento regional la gestión que se ha hecho desde Canarias de las medidas incluidas en el documento.

En lo que coincidió con el diputado popular Fernando Toribio fue en el incumplimiento del protocolo de información, según recogía Acn. Mejorar en este aspecto, dijo Ruano, «es una clave esencial del debate». La opacidad informativa, añadió, no sólo tiene que ver con la Delegación del Gobierno en Canarias, sino también con el Ministerio del Interior.