MARIBEL NÚÑEZ. CORRESPONSAL

BRUSELAS. Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea aprobaron ayer realizar conjuntamente la repatriación de los inmigrantes ilegales. El proceso será coordinado por Frontex (Agencia Europea de Fronteras Extranjeras) y responde, según aseguró la Presidencia austriaca de la UE en un comunicado, al «compromiso de la Unión Europea en relación a una mejor utilización de recursos, lo que aumentará la tasa de reenvío de los Estados miembros».

El comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, declaró que la medida «es un importante componente en la lucha contra la inmigración ilegal y un complemento esencial de la política de emigración y asilo de la UE». Estos vuelos conjuntos de repatriación, según el texto de la resolución aprobada ayer, «se organizarán con total respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas que son objeto de repatriación».

Frontex establecerá los requisitos que deberán cumplir los responsables de cada país que acompañen a los ilegales expulsados en esos vuelos.

La Comisión Europea, por su parte, dio a conocer ayer los proyectos de repatriación de inmigrantes que cofinanciará con cargo al presupuesto de 2005, de los que ninguno corresponde a España. Así, de los 14,8 millones de euros que saldrán de las arcas comunitarias para este tema, la mayoría se destinarán a Italia (seis proyectos), mientras que cinco irán a parar a Bélgica, tres a Alemania y uno de Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Eslovenia.

El visado sube de 35 a 60 euros

Entre las decisiones que se adoptaron ayer también en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior, que se celebró en Luxemburgo, figuró una subida del precio del visado para entrar en territorio europeo de 35 a 60 euros. La medida obedece a que el precio antiguo no cubre los gastos administrativos derivados del nuevo sistema que obliga a introducir los datos biométricos en el procedimiento de concesión.

Quedarán excluidos de este nuevo visado, que entrará en vigor en enero de 2007, los ciudadanos de países con los que la UE tiene acuerdos de facilitación de visados, como Rusia y los Balcanes.