Para olvidar el estrepitoso fracaso social del contrato de primer empleo (CPE) el ministro de Interior francés, líder del partido gubernamental Unión para un Movimiento Popular (UMP) y candidato declarado para las elecciones presidenciales, Nicolas Sarkozy, ha decidido centrar el debate político en la delicada cuestión de la inmigración. En este campo, pretende competir con el soberanista Philippe de Villiers y con el ultraderechista Jean – Marie le Pen, radicalizando su posición.
“Los que no amen a Francia que se vayan”, lanzó Sarkozy el sábado ante los nuevos militantes de la UMP. Esta afirmación ha desatado las críticas de los responsables de la izquierda, que le reprochan querer recuperar votos de la extrema derecha como sea. El soberanista De Villiers lo ha acusado de copiar el eslogan de su movimiento: A Francia la amas o la abandonas. El presidente del Frente Nacional (FN), Jean – Marie le Pen, ha respondido: “Los franceses prefieren el original a la copia, porque esta gente habla como Le Pen pero actua como Chirac”.
Según los sondeos, no se equivoca puesto que una encuesta de CSA para Le Parisien atribuía a Le Pen el 14% de las intenciones de voto para la primera vuelta de las presidenciales y 4% a De Villiers. El primer secretario del Partido socialista, François Hollande, ha estimado que la radicalización de Sarkozy en la cuestión de la inmigración es un “intento de disimular el fracaso del Gobierno, especialmente en la crisis del CPE”. De seguir con esta dinámica, la inmigración y la xenofobia podrían convertirse en uno de los temas clave de la campaña para las elecciones del 2007.

Mezquitas clandestinas
De Villiers está en ello con la publicación del libro Las Mezquitas de Roissy, en el que denuncia que redes islamistas han infiltrado las empresas encargadas de la actividad del aeropuerto de Roissy. “El islam no es compatible con la República”, dice. El autor denuncia que hay 25 mezquitas clandestinas en los sótanos del principal aeropuerto parisino.
Esta polémica se ha producido a pocos días de la presentación de Sarkozy, ante el Parlamento, de un nuevo proyecto de ley sobre la inmigración. El texto ha puesto en pie de guerra a las organizaciones cristianas, inquietas por el “retroceso del derecho al respeto de la vida familiar y la acogida de los que piden asilo”. Ante la propuesta del ministro de Interior de una inmigración “elegida”, en contraposición a una “sufrida”,, las organizaciones han denunciado la “perspectiva utilitaria” de los extranjeros que conlleva la reforma.
Secours Catholique, el Cimade (servicio ecuménico de ayuda), el Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo y el Servicio Nacional de la Pastoral de los Inmigrantes han hecho un llamamiento en el que subrayan que con la nueva ley “sólo serán aceptables en Francia los extranjeros percibidos como necesarios para la economía. Las personas y su situación serán secundarias y sus derechos restringidos”. Las organizaciones citadas han considerado que es “deber de cristianos recordar que el hombre debe estar en el centro de nuestras decisiones y que la ley debe tener como objetivo proteger a los débiles”.
Con el apoyo de otros 40 movimientos y asociaciones, las organizaciones han rechazado “que las nuevas medidas cada vez más restrictivas propulsen a miles de hombres y de mujeres a la precariedad y la desesperación”. La norma, con la nueva ley, será “el permiso de residencia temporal, es decir, la precariedad”. Y se han preguntado: “Cómo encontrar un alojamiento y un trabajo estable con un permiso de un año?”.
Actualmente, el cónyuge extranjero de un francés obtiene la residencia de pleno derecho (por 10 años) al cabo de dos años de matrimonio. Con la nueva ley, deberá esperar a tres años para solicitar el permiso de larga duración. Asimismo los plazos para recurrir contra una denegación de residencia o una expulsión se reducirán a 15 días e incluso a 72 horas, un plazo que las organizaciones cristianas consideran demasiado corto.

Plante al ministro
El colectivo Unidos contra una Inmigración de Usar y Tirar se ha negado a entrevistarse con el ministro de Interior, que había pedido discutir con ellos la nueva ley. En un comunicado, este colectivo ha denunciado la ausencia de diálogo para la redacción de la ley y ha comparado el estilo de Sarkozy con el que exhibió el primer ministro, Dominique de Villepin, para imponer inútilmente el controvertido CPE. El colectivo, que agrupa a 500 organizaciones, ha reclamado que se retire la ley para que “se abra un verdadero debate público sobre la cuestión”.