La ola de migrantes en tránsito obliga a alargar en Gipuzkoa el plazo de acogida

Gipuzkoa prolonga de tres a cinco días la acogida en los dos centros de migrantes de Donostia e Irun | Las instituciones vascas responden a las denuncias de la Red de Acogida Ciudadana y aclaran que los migrantes reciben atención médica

Diario Vasco, ARANTXA ALDAZ, 07-08-2018

A golpe de realidad, las instituciones guipuzcoanas y vascas están teniendo que tejer la atención a las personas migrantes que están llegando a cientos en los últimos días hasta Euskadi, muchos de camino hacia otros destinos europeos y otros cuantos con la intención de instalarse en la comunidad.
La voz de alarma saltó en junio, con la llegada de un autobús con personas inmigrantes que quedaron abandonadas en el andén de la estación de Donostia, sin nadie que las recogiera, por un error de coordinación de Cruz Roja. Aquella imagen precipitó la apertura de las primeras plazas de acogida. Esta semana, han sido las denuncias por parte de asociaciones y ONGs que atienden a estas personas a pie de calle las que han vuelto a recordar la vulnerabilidad del colectivo y la necesidad de adoptar más y mejores recursos. La mesa de coordinación, en la que participan Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, los ayuntamientos de Donostia e Irun, y Cruz Roja, ha decidido prolongar la estancia de tres a cinco días en los dos centros habilitados en Donostia e Irun, con cincuenta plazas en total, ampliables hasta setenta.

Las críticas de las asociaciones, que hablan de una «situación desbordada» y coinciden en reclamar más tiempo de acogida para que estas personas no acaben en la calle, llegaron directamente a oídos de responsables municipales de Donostia. A las puertas del Ayuntamiento se concentraron ayer a mediodía miembros de la Red de Acogida Ciudadana, junto con varios migrantes. «Tres días no es tiempo suficiente. La mayoría de ellos se queda en la calle. Si Donostia es su ciudad de destino, debe dar asesoramiento; si es lugar de tránsito, debe dar la opción de reponerse con dignidad», reclamó en nombre del colectivo ciudadano Izaskun Fernández. En el Consistorio fueron atendidos finalmente por los concejales Miren Azkarate y Martin Ibabe, quienes les trasladaron el acuerdo institucional de prorrogar el tiempo de estancia en los dos centros de acogida. La medida fue recibida como un balón de oxígeno, pero no como la solución definitiva dado el impacto de la ola de llegadas de los últimos meses. Los últimos datos oficiales hablan de que el País Vasco ha recibido a un total de 1.024 migrantes entre junio y agosto.
En un comunicado, las instituciones respondieron a las críticas y recordaron que siguen «adaptando los recursos a las necesidades cambiantes que van surgiendo». Quisieron aclarar que las personas migrantes sí reciben atención sanitaria por parte de Cruz Roja, «y se deriva a Urgencias si hiciera falta», de forma coordinada con el Departamento de Salud. De las 40 personas que han llegado a Donostia en los últimos días, 19 fueron atendidas por ese equipo sanitario, precisó la Mesa de Coordinación, después de que la Red de Acogida Ciudadana denunciara que habían tenido que llevar por sus propios medios a dos migrantes a Urgencias y que les habían pasado la factura. También se les da comida. «Se ofrecen 30 comidas calientes en Donostia a diario y 28 en Irun. A las personas que no llegan a estos recursos se les dan bocadillos y bebida», precisaron. Desde junio, se ha atendido a 2.000 personas en los recursos abiertos en Euskadi.
Las asociaciones que les atienden a pie de calle hablan de una «situación desbordada» en Irun

La fotografía mostrada ayer en Irun por representantes de Amnistía Internacional, SOS Racismo, Helduak, Adiskidetuak, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Stop Desahucios, Zero Pobrezia fue francamente distinta. Junto con Donostia, la localidad fronteriza se ha convertido en otro de los lugares donde se están concentrando las llegadas de migrantes, que van en aumento. Decenas de inmigrantes duermen en la estación de Adif y en los alrededores de Ficoba. La mayoría quiere cruzar a Francia. Los colectivos ciudadanos denunciaron que muchas personas han sido devueltas por la Policía francesa a España, «de manera ilegal», ya que la ley establece que puedan ser atendidos por abogados para hacer frente a los expedientes de expulsión.
«Vacío institucional»
«De la cena nos seguimos encargando asociaciones voluntarias. Y los fines de semana organizamos ducha, desayuno, comida y cena. Ya hemos dado más de 500 comidas. También les procuramos ropa, calzado, mudas y asesoramiento. Y si alguien está enfermo le llevamos al hospital», apostillaron. SOS Racismo animó a la ciudadanía a colaborar ante esta situación «desesperante». «Admitimos ropa, mudas, calzado, viseras, mochilas en el local de Irun (Calle Mayor, 14) los martes o jueves de 17.00 a 19.00 horas. Animamos a bares, sociedades, restaurantes y tiendas a colaborar como puedan».
Las críticas políticas también se están acentuando. EH Bildu y Ezker Anitza-IU denunciaron ayer en sendos comunicados la «incapacidad» de las administraciones para atender a los inmigrantes que recalan en Euskadi y aseguraron que son los propios ciudadanos los que está llenando el «vacío institucional».

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