El asalto a un chalet de Matadepera perpetrado por tres atracadores que, ante el fracaso del golpe secuestraron durante cinco horas a un hijo y a la compañera sentimental del propietario de la vivienda ha puesto de manifiesto una realidad preocupante en Cataluña: durante el último mes, se ha producido una auténtica oleada de delitos de las mismas características. Nada menos que 20 asaltos a viviendas – en su mayoría, viviendas unifamiliares – , en los que los propietarios se encontraban en el domicilio en el momento que los atracadores perpetraban sus robos por el método silencioso. Es evidente que la proliferación de este tipo de delitos crea una sensación de inseguridad perjudicial para la convivencia en cualquier sociedad. Pero, además, el hecho de que en la mayor parte de los casos, los asaltantes pertenecían a colectivos de inmigrantes especializados en este tipo de actuaciones criminales. El incremento de los asaltos violentos en urbanizaciones de nueva construcción coincide con la transformación de Cataluña en una sociedad de acogida de recién llegados procedentes del fenómeno global de la inmigración. Es generalmente cierto que el incremento de la criminalidad es un peaje que las sociedades ricas tienen que pagar. Sin embargo, además de reclamar políticas policiales más eficaces, las autoridades políticas tienen que esforzarse por evitar una identificación entre inmigración y delito, tentadora para los demagogos.