El Estado de Baviera abrió ayer los primeros siete centros para acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares en Alemania, ejemplificando el giro que está tomando la política migratoria en un país que hace sólo tres años mantuvo sus fronteras abiertas en los momentos más críticos de la crisis de los refugiados y acogió a cerca de un millón de personas. Pese a la firme apuesta del gobierno regional, no han faltado las críticas.

El nombre de los centros es Anker Zenter y Anker, el acrónimo de ‘Llegada, reparto, decisión y devolución’. Porque eso es lo que se pretende en ellos. Se trata de gestionar en un único punto y de la forma más rápida y eficiente todas las tareas ligadas a los inmigrantes: su entrada en el país, su distribución regional, la decisión sobre su petición de asilo y, en el caso que sea preciso, su expulsión. Joachim Herrmann, responsable bávaro de Interior, aseguró que «para los recién llegados la estancia media será de unos meses».

En estos centros, donde se concentrarán cientos de inmigrantes, en su mayoría pendientes de su expulsión, trabajarán todos los organismos públicos relacionados con la cuestión migratoria. De la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF), a la Policía, pasando por los tribunales administrativos que deciden sobre las querellas de expulsión o la Agencia Federal de Empleo, que ofrece trabajo a quienes reciben asilo.

Pero las críticas se han sucedido, jalonando su apertura. Cáritas señaló que el hacinamiento de «cientos de refugiados sin perspectiva y sin empleo» generará problemas. La ONG Save the Children alertó que estos centros no son adecuados para niños y familias y tienen un historial de «tensiones y agresiones».

Estos centros estaban previstos en el acuerdo de coalición firmado en marzo por conservadores y socialdemócratas y fueron detallados en el plan maestro del ministro de Interior, Horst Seehofer (CSU).