madrid. La bronca política va en aumento a cuenta de la inmigración ilegal, pese a haberse registrado un descenso en la llegada de pateras a las costas andaluzas en los últimos dos días. Tanto PP como Ciudadanos insisten en presentar a un Gobierno desbordado por la crisis. Desde Moncloa se culpa de la actual situación a la falta de previsión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, se niega que el problema se encuentre fuera de control y se llama a conservadores y liberales a mantener «lealtad institucional, altura de miras y responsabilidad».

Mientras las acusaciones vuelan de una fuerza política a otra, cerca de un millar de migrantes aguardaban ayer en polideportivos de la provincia de Cádiz a ser trasladados a centros de acogida. En Ceuta, otros 1.200 se agolpaban en el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI), casi la mitad en tiendas de campaña. Y es que, según informó la Organización Internacional para la Migración de Naciones Unidas, desde el 1 de enero al 29 de julio han arribado a España a través del Mediterráneo 22.858 personas en situación irregular, 1.195 más que las contabilizadas en todo 2017. Según las cifras de la ONU, al menos 307 migrantes han fallecido ahogados en el intento, por los 223 que lo hicieron a lo largo de los doce meses del pasado año.

Desde el PP se incidió en relacionar este incremento de la presión sobre la frontera sur con el efecto llamada que, a su juicio, ha provocado la acogida del ‘Aquarius’, una acción que, según denuncian los conservadores, Pedro Sánchez adoptó a los pocos días de llegar a la Moncloa por una mera cuestión de imagen. Es lo que señaló Dolors Montserrat. La nueva portavoz del PP responsabilizó al presidente del Gobierno de provocar este «drama humano» para hacerse la foto con el barco de Médicos sin Fronteras.

También desde el PP andaluz, su secretaria general, Loles López, reprochó ayer a Susana Díaz, presidenta de la Junta, que calle «ante el efecto llamada provocado por Pedro Sánchez» y que supone que cada día lleguen a las costas andaluzas «cientos y cientos de inmigrantes», informa Antonio M. Romero. Por ello, López instó a Díaz a «no ser sumisa y a no mirar para otro lado» y que pida al presidente del Gobierno recursos y medidas para atender a estos inmigrantes. «Las víctimas de todo esto son, sin duda, los inmigrantes, y los culpables son las mafias, pero los responsables son quienes tienen las competencias: Susana Díaz y Pedro Sánchez», afirmó.

Albert Rivera coincidió en parte con la receta de los populares. Durante una comparecencia en el Congreso en la que realizó un balance del curso político y de los dos meses de Sánchez en la Moncloa, exigió poner punto final a las «ocurrencias» y aprobar una legislación clara que regule este problema. Como primer paso, los liberales registraron una una proposición no de ley en la que solicitan incrementar, entre otras cosas, los medios de las fuerzas de seguridad.

La respuesta del Gobierno fue contundente, hacia un lado y el otro. Primero, la vicepresidenta Carmen Calvo se declaró sorprendida de que «líderes jóvenes» como Casado y Rivera no se coloquen del lado de las políticas fronterizas que aplican España, Portugal, Francia y Alemania, y que se contraponen a la «xenofobia» que aplican otros países de la UE. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tachó de indignante que se utilice la inmigración para hacer «política de bajo nivel», especialmente por parte del PP que, añadió, ha tenido responsabilidades de gobierno.