“Parte de esta información es desagradable, es la realidad del caso, es la realidad de aplicar una política que resultó en altos números de familias separadas sin pensar previamente en la reunificación y sin mantener un registro de la gente”, decía el martes el juez en un tribunal de San Diego. Y aunque en esa sesión Sabraw calificaba de “logro destacable” el trabajo realizado por el Gobierno para reunificar a los primeros 1.012 padres con sus hijos, no escatimaba la recriminación. “Hay que tener un registro”, aseveraba.

Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), activistas de derechos humanos y quienes defienden a los inmigrantes reclaman más. Y en la vista del martes, por ejemplo, la ACLU urgió al juez Sabraw a ampliar a siete días el plazo de los inmigrantes para que, una vez que se ha producido la reunificación con un menor y se espera la deportación, adopte una angustiosa decisión: llevarse a los hijos de retorno a sus países de origen o dejarlos en EEUU para que los menores planteen sus propios casos de asilo. El Ejecutivo cree que con cuatro días ya es  suficiente. Y el juez dijo que decidirá este viernes.

Una de las principales preocupaciones es el futuro de 917 familias que, según los datos oficiales, difícilmente podrán reunirse. Hay 260 de esos casos en revisión y en otros 64 se ha determinado que los padres son “no elegibles”, bien porque tienen antecedentes criminales o porque no han podido demostrar su paternidad de los menores. Pero más grave es la situación de otros dos grupos: los 463 adultos que ya han sido deportados y los 130 que han renunciado al derecho de reunificación.

Sobre los primeros, John Sandweg, que entre el 2013 y el 2014 fue director de la polémica agencia ICE que se encarga de aplicar las leyes de aduanas e inmigración, explicaba a The Guardian que debe abordar situaciones muy complejas. "Cuando tienes a un padre en Centroamérica sin dinero para contratar abogados y sus niños en EEUU van a pasar años hasta que las familias se puedan reunir, si es que alguna vez lo logran”.

Sobre los segundos, quienes han renunciado a la reunificación, la denuncia más repetida por activistas y abogados es que en muchos casos los adultos, que a menudo son analfabetos  – – o en el caso particular de muchos guatemaltecos hablan lenguas indígenas pero no inglés o español – – , han firmado papeles sin saber a lo que estaban dando su consentimiento. Y, a menudo, bajo coacción o desinformación interesada de las autoridades, que a veces les han asegurado que podrían reunirse con sus hijos si aceptaban su deportación.

“Las pruebas de que los padres han firmado formularios que no entienden son abrumadoras”, ha denunciado Lee Gelernt, uno de los abogados de la ACLU. Gelernt ha acusado a los responsables de inmigración de distribuir formularios de forma “coercitiva y engañosa”. “Obviamente, no tenían ni idea de lo que estaban firmando o a qué estaban accediendo verbalmente”, ha declarado.

Incluso en los casos en los que la reunificación ha sido posible, la experiencia no ha estado libre de componentes traumáticos ni ha asegurado que se puedan garantizar los finales felices. Voluntarios que han trabajado con menores aseguran que a menudo pierden la pista de los niños cuando se les saca a toda prisa de los refugios del Departamento de Salud para reunirles con sus padres.