Los padres de Esteban Carignano llegaron a Gran Canaria en diciembre de 2012. Él y dos de sus hermanos decidieron que era mejor que estuvieran con ellos que en Argentina, donde también vive un cuarto hermano. Lo que no sabían Esteban y sus hermanos era el muro con el que se iban a topar para que sus mayores pudieran tener asistencia sanitaria, aún residiendo, como ellos, de manera legal en España tras la reagrupación familiar.

Ocho meses antes de su llegada, en abril, el gobierno de Mariano Rajoy había aprobado un decreto que ponía fin a la sanidad universal en España y mediante el que, además de los migrantes en situación irregular, también los progenitores de personas, bien con nacionalidad española, bien con permiso de residencia, se quedaban igualmente sin tarjeta sanitaria por la sencilla razón de que nunca cotizaron en España. El Real Decreto 16/2012 reza en su artículo que la asistencia sanitaria se garantizará en España «a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado».

Con ese artículo en una mano y con la Ley de Extranjería en la otra, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha venido rechazando «sistemáticamente» la tarjeta sanitaria a los padres y madres de migrantes con permiso de residencia en España desde el momento en el que se les aprobó la reagrupación familiar. Así lo denunció el martes en Madrid el recién creado Colectivo de Afectados por el INSS, del que Esteban Carignano forma parte y que está integrado en Yo sí, Sanidad Universal, que fue quién lo animó a ir a los tribuales.

La orden interna del INSS obvía, para frenar la concesión de tarjetas, que «todas las personas con permiso de residencia tienen derecho a asistencia sanitaria» y por eso, uno tras otro, los tribunales han ido dando la razón a los demandantes. «Si hay un permiso de residencia, hay un reconocimiento automático del derecho a la atención sanitaria» rezan las 40 sentencias favorables ya dictadas.

Dos de esas sentencias favorables son la que recibieron los septuagenarios padres de Esteban Carignano en febrero y abril de este año, respectivamente, tras cuatro años de reclamaciones, «las últimas ya asesorados por abogados», ante el INSS. Por en medio, su madre sufrió un infarto en Madrid y consiguieron que la atendieran en el hospital del Móstoles «literalmente mintiendo», explica Carignano, y diciendo que era irregular. «Así la asistieron, pero no lo habrían hecho como residente legal porque no tenía la tarjeta sanitaria». Su madre se recuperó, pero lo que han pasado estos años, hasta que ha obtenido la tarjeta, «fue un infierno».

Pese a esas sentencias, explica Carignano, «el INSS sigue denegando las tarjetas sanitarias a los padres y madres de migrantes regularizados». En esta situación estima que puede haber «cientos de personas en Canarias», lo que corrobora Irome Rodríguez, de Médicos del Mundo, oenegé integrada en la Coalición por el Derecho a la Salud, aunque reconoce que no hay datos.

Además del caso judicializado del matrimonio Carignano, que reside junto a Esteban y su familia en Vecindario, hay otro más en el archipiélago que está pendiente de juicio, que ya se ha fijado para enero.

El Colectivo de Afectados por el INSS cree que la nueva normativa que se está redactando y que pretende devolver la sanidad universal al país «debe tener en cuenta en todas las personas que quedaron excluidas» y, por tanto, «que no de lugar a la arbitrariedad», además reclaman que el INSS deje de actuar de manera «ilegal» con la denegación de las tarjetas y que las delegaciones del Gobierno no amenace con retirar el permiso de residencia a quienes están reclamando la tarjeta sanitaria al INSS, como está sucediendo.