Berlín, 16 jul (EFE).- La expulsión ilegal de un islamista tunecino que estuvo acusado de ser el guardaespaldas de Osama bin Laden reabrió hoy el debate sobre la inmigración en la sociedad y el Gobierno alemanes, con el ministro de Interior, Horst Seehofer, de nuevo como controvertido protagonista.

Sami A., de 42 años y asilado en Alemania desde 2005, fue expulsado el viernes por estar calificado como “peligroso” por las fuerzas de seguridad, y tras una campaña en su contra de varios tabloides y de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

La expulsión se llevó a cabo aparentemente por un error administrativo porque había una decisión judicial que la prohibía y ahora la justicia alemana y su abogado exigen su retorno, Túnez se resiste porque desea a su vez juzgarlo y el Ejecutivo se ve envuelto de nuevo en una tormenta política a causa de la inmigración y el ministro Seehofer.

La portavoz del Ministerio de Interior, Anegrett Korff, reconoció hoy varios fallos en el trámite administrativo, subrayó que las expulsiones son competencia de los estados o “Länder” y avanzó que se ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido.

“De haberlo sabido, esta extradición no debería haber tenido lugar”, admitió Korff, que subrayó que en todo caso hubo negligencia y no premeditación.

Señaló que Seehofer había convertido al entrar en el ministerio en cuestión de “alta prioridad” la expulsión de inmigrantes categorizados como peligrosos y que era informado “regularmente” sobre los avances “importantes” de este caso en concreto.

También explicó que, como “desde hace meses el caso está encima de la mesa”, se “redoblaron los esfuerzos” del Ministerio de Interior y la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) para su expulsión.

Para el ministro, apuntó Korff, era “importante” que se expulsara a Sami A. a Túnez, pero “no influyó” en la toma de decisiones en el BAMF que llevaron a su traslado, que ahora se ha evidenciado ilegal.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, sin entrar en detalles, contestó al ser interrogado al respecto que lo “correcto” ahora es aclarar lo sucedido.

“Es claro que el principio rector de la Administración es atenerse al derecho y a la ley. Eso es lo que constituye el Estado de derecho”, afirmó.

Sami A., que llegó a Alemania hace 21 años con un visado de estudiante, residía hasta la semana pasada en Bochum (oeste) junto a su mujer y sus dos hijos y recibía un subsidio público de 1.167,84 euros mensuales.

La Fiscalía Federal le abrió una investigación en 2006 por su presunta pertenencia a una organización terrorista ya que se sospechaba que entre 1999 y 2000 había recibido formación militar en un campamento de Al Qaeda en Afganistán y que, durante un tiempo, había sido guardaespaldas de Bin Laden.

Además se le acusó de haber frecuentado círculos salafistas tras su regreso a Alemania.

Ambas causas el tunecino ha negado las acusaciones en repetidas ocasiones alegando que estuvo en una escuela coránica en Pakistán fueron archivadas en 2007 por falta de pruebas.

En 2010 el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Düsseldorf estimó que no se podía expulsar a Sami A. porque corría el peligro de ser torturado en su país, fallo que confirmó poco después el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Münster.

La BAMF pidió de nuevo en 2014 que se revocase el veto a su expulsión, alegando que el Gobierno tunecino había cambiado tras la primavera árabe, pero otras dos instancias judiciales fallaron en favor de Sami A.

El pasado junio la BAMF ordenó ejecutar la expulsión del tunecino y en una de sus visitas diarias a comisaría Sami A. fue detenido e ingresó en prisión previa a la expulsión.

La defensa del islamista interpuso entonces un recurso de urgencia y el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gelsenkirchen prohibió de nuevo su expulsión.

Pero la decisión fue enviada a la BAMF el jueves por la tarde cuando ya no había nadie en la oficina y la policía federal embarcó a Sami A. en un avión rumbo a Túnez antes de las 7 de la mañana del día siguiente. EFE