La inmigración es un grave problema político que abre a la sociedad europea en canal mostrando sus contradicciones. El resultado es una Unión fragmentada en bloques. Alemania y Francia, con el apéndice de España. Italia, alineada con Austria y Baviera, después de las últimas elecciones. El denominado grupo de Visegrado es un tercero en discordia formado por Polonia, Hungría, Eslovaquia, y Chequia, al que hay que añadir el bloque configurado por los Países Bajos, Suecia y Dinamarca. Y como remate final el Brexit.

Hoy el reto de Europa radica en rehacer sus acuerdos fundamentales; aquellos que la hacen posible. El conflicto inmigratorio está ligado a su complejidad dado que combina varios requisitos de justicia y libertad nada fáciles de armonizar. ¿Cómo fortalecer la Unión y al mismo tiempo tener una inmigración ordenada, que ofrezca buenas condiciones a los recién llegados? Estas dos exigencias van de la mano, y sin equilibrio entre ambas no se producirá la superación de la crisis.

La idea de facilitar una inmigración masiva no ayuda a construir la solución por diversas razones. Voy a intentar resumirlas:

Una de ellas está relacionada con el reducido capital humano de la mayoría de recién llegados – con excepciones, por supuesto. Su productividad es claramente inferior y el resultado de una gran afluencia conlleva estímulos perversos para el crecimiento de sectores de baja productividad y salarios. Es lo que le sucedió a España con la ola inmigratoria de inicios de siglo y su contribución a la burbuja de la construcción.

No es coherente proponer una inmigración a gran escala considerando la revolución técnica y científica en curso, que altera radicalmente la naturaleza del trabajo. De la robótica, a la Inteligencia Artificial, pasando por la aplicación de los algoritmos y el Big Data a la producción de bienes y servicios, la estructura y mercado del trabajo está siendo sustancialmente modificada, y ofrece escasas oportunidades a las personas poco preparadas (y por parte de las preparadas dependerá de en qué lo estén). En realidad, se está abriendo la puerta a la formación de una clase social subalterna a la que solo le faltaría que estuviese étnicamente identificada.

En el caso español hay otro factor social muy contundente: el problema que significa la población de los jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan. Significan del orden del 19%, casi uno de cada cinco, además del crónico y elevado paro juvenil. Una enormidad trágica que no dispone de una política de integración laboral y educativa digna de este nombre, a pesar de que los recursos en este caso existen y proceden del Programa de Garantía Juvenil de la Unión Europea. ¿En estas condiciones de ineficiencia pública se puede pensar seriamente en asumir una inmigración numerosa? A este problema se le añade el paro crónico de larga duración de las personas de más de 45 años. La articulación de estas dos componentes fabrica una bomba de relojería de costes sociales y humanos extraordinarios: el nini que llega en estas condiciones a los 30 años acabará haciendo un trabajo intermitente y mal pagado, y con 15 años más alcanzará la edad de quienes difícilmente encuentran una ocupación.

Existen más contradicciones entre la reivindicación de una inmigración masiva y la práctica política. Un ejemplo de ello lo constituye Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y su exigencia de acoger más refugiados, una intención espléndida que choca con la realidad y el abandono en el que viven los “refugiados interiores”, la gente sin hogar que se ve obligada a vivir en las calles de la ciudad.

La actual inmigración masiva favorece a las bandas organizadas que trafican con ella, no solo en el transporte desde el punto de origen, sino también en el país de llegada, especialmente con las mujeres víctimas de la trata, que en el caso de España alcanza unas cifras de escándalo. También la explotación laboral, es otro factor inherente a este escenario.

A partir de una determinada densidad de población con otros patrones culturales en el uso del espacio público y privado, se producen los roces de convivencia con la población local, que acaban fabricando el conflicto. No es inexorable, pero si es probable, y el debate se complica porque una buena parte de la élite política, cultural y mediática no tiene la misma percepción del inmigrante que quien vive la experiencia de compartir escalera y barrio con ellos. Y no será minusvalorando este problema la forma como puede resolverse.

La respuesta integral sólo puede ser europea por su dimensión. Se trata de crear las condiciones para un mejor desarrollo social y económico, y lograr una mejor preparación educativa en los países de origen. Se necesita una especie de plan Marshall adaptado a sus condiciones, semejante a aquel que la Europa destruida por la guerra recibió de Estados Unidos. Es en el marco de este planteamiento que sí es posible concebir una inmigración segura y bien organizada. La respuesta no es taumatúrgica porque necesita cumplir tres condiciones nada fáciles: Unos recursos económicos extraordinarios, la eficiencia en su aplicación, e instituciones autóctonas que no sean corruptas. Y ese es el gran reto europeo porque sin desarrollo local es difícil reducir la emigración, porque los incentivos son muy fuertes, tanto como una diferencia de ingresos de 1 a 10, que separa el África subsahariana de Europa.

La explosividad del actual escenario europeo a causa de la inmigración radica en su inserción en el conflicto que ha generado dos grandes rupturas de la cohesión europea, causadas por la cultura de la desvinculación: el continuo crecimiento de la desigualdad de ingresos y oportunidades, que ha golpeado a la clase obrera y media, y la pérdida de las raíces y el legado cultural que dotaban de significado a sus vidas. El conflicto de la inmigración es en realidad un conflicto con nosotros mismos y la cultura moral que nos domina.